En México, el derecho a la protesta ha sido ejercido por las personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente para exigir el respeto a sus derechos, incluyendo la autodeterminación, el consentimiento libre, previo e informado en los casos de Pueblos Indígenas, al medio ambiente sano, la información y la participación en proyectos con posible afectación al medio ambiente, entre otros. Sin embargo, la criminalización de la protesta es utilizada como parte de una estrategia amplia de desincentivación y desarticulación de la defensa por los derechos relativos a la tierra, el territorio y el medio ambiente. El uso desproporcionado del sistema penal contra personas que protestan se inserta en una estrategia más amplia de desincentivación y desarticulación de la defensa por los derechos relativos a la tierra, el territorio y el medio ambiente.

Hay que llevar a cabo una investigación independiente y rendir cuentas tras la mortífera represión de manifestantes pertenecientes a la “generación Z”
En respuesta a la información que se ha difundido sobre al menos 19 personas muertas y más de 100 heridas durante una represión de las protestas encabezadas por jóvenes contra la corrupción y la