Un nuevo informe de Amnistía Internacional revela cómo la militarización de la seguridad pública en Ecuador ha facilitado la comisión de desapariciones forzadas a manos de las Fuerzas Armadas, dejando a familias enteras en la incertidumbre y poniendo en evidencia el fracaso de las políticas de seguridad implementadas por el presidente Daniel Noboa bajo el denominado “Plan Fénix”.
El informe, titulado “Son militares, yo los vi”, documenta la desaparición forzada de 10 personas ocurridas durante cinco operativos de seguridad en 2024 en las provincias de Esmeraldas, Los Ríos y Guayas; y que forman parte de una creciente ola de denuncias que se multiplican en el país en un contexto de militarización sin precedentes.
“Las desapariciones forzadas se multiplican en Ecuador mientras el gobierno insiste en una estrategia militarizada que no solo no ha reducido los delitos, sino que ha aumentado las violaciones de derechos humanos. El presidente Noboa debe revertir urgentemente este enfoque y garantizar que las Fuerzas Armadas colaboren plenamente con las investigaciones”, señaló Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Las desapariciones forzadas se multiplican en Ecuador mientras el gobierno insiste en una estrategia militarizada que no solo no ha reducido los delitos, sino que ha aumentado las violaciones de derechos humanos. Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Desapariciones forzadas que se repiten
De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado compartida con Amnistía Internacional, se han recibido denuncias por la posible desaparición forzada de 43 personas desde 2023, año en que el presidente Noboa comenzó su primera administración.
Amnistía internacional analizó minuciosamente 5 carpetas de investigación, verificó evidencia audiovisual y entrevistó a los familiares de personas desaparecidas durante operativos de seguridad. Todas ellas, personas jóvenes, o incluso niños, de la costa ecuatoriana.
Cirilo Minota (35 años) fue detenido en abril por militares en Esmeraldas. Su familia cuenta con videos de la aprehensión, pero desde entonces su paradero sigue siendo desconocido.
Dave Loor (20) y Juan Daniel Santillán (27) fueron arrestados en Los Ríos, en agosto, cuando se encontraban en la vía pública. Varios testigos confirmaron que estaban bajo custodia militar; sin embargo, las autoridades castrenses alegan no saber su paradero.
Jostin Álvarez (17) y Jairo Tapia (16), primos, habitantes de Babahoyo, fueron detenidos en septiembre. Jostin reapareció semanas después, relatando torturas y denunciando la posible ejecución de su primo. Tras denunciar, volvió a desaparecer.
Dalton Ruiz (34) fue interceptado en octubre en un control militar en Babahoyo. Fotografías tomadas por transeúntes lo muestran rodeado de soldados armados, pero desde entonces no hay rastro de él.
Cuatro niños de Guayaquil (Steven Medina, Nehemías Arboleda, Josué Arroyo e Ismael Arroyo, entre 11 y 15 años) fueron detenidos por la Fuerza Aérea en diciembre. Sus familias denunciaron la desaparición de inmediato, pero semanas después sus cuerpos fueron hallados sin vida. El caso desató una profunda indignación dentro y fuera de Ecuador, generando protestas y llamados de organizaciones nacionales e internacionales que exigieron verdad y justicia.
Amnistía Internacional concluye que en todas estas denuncias se cumplen los tres elementos constitutivos de la desaparición forzada de personas bajo el derecho internacional: la privación de la libertad, la participación de agentes estatales y la negativa de las autoridades a reconocer la detención o informar el paradero de las víctimas.
Las historias documentadas en este informe son solo una muestra de una realidad mucho más grave. Cada desaparición forzada no solo arranca a una persona de su familia y comunidad, sino que instala un vacío de dolor e incertidumbre que se prolonga indefinidamente. En palabras de la tía de Dave Loor: “Nadie jamás en la vida debería de pasar por esta situación. Es una situación demasiado fuerte. Es muy duro no saber dónde está tu familiar, no saber el motivo porque estos militares se ensañaron con ellos”.
Nadie jamás en la vida debería de pasar por esta situación. Es una situación demasiado fuerte. Es muy duro no saber dónde está tu familiar, no saber el motivo porque estos militares se ensañaron con ellos. Tía de Dave Loor
Fuerzas Armadas obstruyen investigaciones
El informe denuncia que la Fiscalía General ha enfrentado graves obstáculos para investigar. Las Fuerzas Armadas se han negado a entregar información, alegando “secreto” o “información reservada”. En paralelo, el informe da cuenta de omisiones graves de la propia Fiscalía: retrasos en diligencias clave, falta de preservación de pruebas y apertura de investigaciones bajo figuras jurídicas distintas a la desaparición forzada, lo que ha dilatado el acceso a la verdad y justicia de las víctimas.
“Cada día que pasa sin que se esclarezcan estos crímenes es un suplicio para las familias que buscan a sus seres queridos. La verdad no puede seguir oculta detrás de excusas militares o de la indiferencia institucional. Las autoridades deben recordar que estamos hablando de niños y jóvenes cuyas vidas fueron truncadas, y de familias que merecen respuestas inmediatas y justicia real”. añadió Ana Piquer.
Cada día que pasa sin que se esclarezcan estos crímenes es un suplicio para las familias que buscan a sus seres queridos. La verdad no puede seguir oculta detrás de excusas militares o de la indiferencia institucional. Las autoridades deben recordar que estamos hablando de niños y jóvenes cuyas vidas fueron truncadas, y de familias que merecen respuestas inmediatas y justicia real. Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Crímenes que trascienden fronteras
El impacto de esta política militarizada no ha pasado desapercibido a nivel internacional. En 2024, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió 22 acciones urgentes relacionadas con Ecuador en casos ocurridos solo entre enero y diciembre. Por su parte, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil registró 33 desapariciones en el mismo año.
Además, familiares de personas desaparecidas se han organizado en el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Ecuador, conformado en 2024 ante la creciente recurrencia de casos y la falta de respuestas estatales. Este colectivo realiza acciones de incidencia, acompañamiento y denuncia, exigiendo a las autoridades la búsqueda inmediata y efectiva de sus seres queridos.
Militarización: una estrategia fallida
La investigación expone cómo el gobierno de Daniel Noboa ha recurrido de manera sistemática a estados de excepción y a la declaración de un supuesto “conflicto armado interno” para justificar la expansión del rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Lejos de brindar seguridad, esta estrategia ha abierto la puerta a violaciones graves de derechos humanos y ha colocado a las personas en el país en mayor riesgo.
Recomendaciones clave
Amnistía Internacional urge a las autoridades ecuatorianas a:
- Revertir la militarización de la seguridad pública y situar los derechos humanos en el centro de las políticas de seguridad.
- Garantizar investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas.
- Asegurar la cooperación plena de las Fuerzas Armadas con las autoridades judiciales.
- Proteger a las familias de las víctimas y garantizar medidas de reparación integral.
- Permitir que mecanismos internacionales de derechos humanos brinden asistencia técnica a la Fiscalía en la investigación de desapariciones forzadas.
