Amnistía Internacional
Con el tema del Día Mundial del Hábitat de este año centrado en la juventud y el futuro urbano, es imposible ignorar un factor clave -la crisis climática- y lo que significa para el cumplimiento del derecho a la vivienda tanto en contextos rurales como urbanos, incluidos los jóvenes, hoy y en el futuro.
El Relator Especial sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada ha destacado que la crisis climática es también una crisis de la vivienda.1 Los fenómenos meteorológicos extremos exacerbados tanto en frecuencia como en intensidad por la crisis climática, como inundaciones, olas de calor, sequías e incendios forestales, a menudo dañan o incluso destruyen viviendas, terrenos e infraestructuras de apoyo. Los fenómenos de evolución lenta, como la desertificación y la subida del nivel del mar, entre otros, pueden amenazar la viabilidad de las viviendas y los asentamientos humanos, socavando la salud y los medios de subsistencia, y a menudo provocan migraciones forzosas a medida que la zona local se vuelve inhabitable. Estos daños recaen desproporcionadamente sobre los países que menos han contribuido a las emisiones mundiales de carbono y sobre las personas ya marginadas dentro de esos países, que a menudo son las menos protegidas debido a décadas de discriminación o abandono por parte de las autoridades, lo que profundiza las desigualdades existentes.2 No actuar con rapidez y decisión para proteger el derecho a la vivienda de los efectos del cambio climático sólo puede significar un desastre para nuestro presente y futuro urbano y rural.
Los fenómenos meteorológicos extremos y las catástrofes provocaron el desplazamiento de unos 26,4 millones de personas en 2023, la tercera cifra más alta de la última década.3 Aunque no todos los desplazamientos por catástrofes están relacionados con el clima, el cambio climático sigue haciendo que los fenómenos meteorológicos extremos sean más frecuentes y más intensos, lo que aumenta el riesgo de que las personas se vean obligadas a abandonar sus hogares.4 En muchos casos, las personas se trasladan a las ciudades, donde puede que no tengan más remedio que vivir en asentamientos informales, en condiciones inadecuadas y con escaso o nulo acceso a servicios esenciales como agua, saneamiento y energía.5
Los tres casos siguientes muestran que la inacción de los gobiernos a la hora de mitigar los efectos del cambio climático en la vivienda, de adoptar medidas para ayudar a las personas a adaptarse a estos efectos y, en caso necesario, de responder a las pérdidas y daños, tiene graves consecuencias para los derechos humanos de todos.
De hecho, en lugar de proteger el derecho a la vivienda, en algunos casos, como en México y Kenia que se describen a continuación, el derecho a la vivienda es violado por las medidas de mitigación y adaptación, donde comunidades enteras pueden ser efectivamente desalojadas a la fuerza de sus hogares y tierras por los gobiernos y/o no se les proporciona una vivienda alternativa adecuada ni acceso a los servicios.
COMUNIDAD EL BOSQUE, TABASCO, MÉXICO
ONU Hábitat celebra este año el Día Mundial del Hábitat en la ciudad de Querétaro, México, una oportunidad para llamar la atención mundial sobre la comunidad pesquera de El Bosque, en Tabasco, al sur de México.
La comunidad de El Bosque se encuentra en primera línea de los impactos de la crisis climática. Desde 2019, debido a las constantes marejadas y a los fenómenos meteorológicos extremos, la costa de El Bosque se ha erosionado unos 200 metros, lo que ha provocado la destrucción de viviendas e infraestructuras comunitarias, como la escuela primaria, la guardería y la carretera principal.6 La comunidad informó a Amnistía Internacional de que los pozos que utilizaban para el agua potable y otras necesidades domésticas estaban contaminados con agua de mar; los servicios sanitarios no eran regulares ni adecuados; la electricidad era intermitente; y, debido a la destrucción de las escuelas, los niños se veían obligados a asistir a clase en un entorno de aprendizaje inadecuado.7 Muchas personas han estado viviendo en refugios temporales durante largos periodos de tiempo. Sin embargo, en noviembre de 2023, al menos 69 personas que vivían en un refugio temporal proporcionado por el gobierno municipal lo abandonaron, tras denunciar que habían sido maltratadas por el personal, además de no recibir comida ni agua durante todo un día. Desde entonces, la mayoría de los miembros de la comunidad han tenido que alquilar alojamientos alternativos o alojarse con familiares.
Sin embargo, los que no pueden pagar el alquiler o no tienen familiares con los que quedarse se han quedado sin hogar o han tenido que regresar a la comunidad a pesar del riesgo que supone la subida del nivel del mar.
En febrero de 2023, el Congreso del Estado de Tabasco aprobó la reubicación de la comunidad. En abril de 2023, la comunidad de El Bosque inició negociaciones con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Comisión Nacional de Vivienda para ser reubicada. Sin embargo, según los informes, este proceso se ha estancado debido a la lentitud de los trámites burocráticos.8 Un año y medio después del inicio de las negociaciones, los habitantes de la comunidad de El Bosque aún no han recibido una vivienda alternativa y siguen siendo vulnerables a los fenómenos meteorológicos extremos.
«Soy madre, mi marido es pescador y tuvimos que dejar nuestra comunidad para alquilar un lugar porque la erosión costera nos alcanzó. Muchos de nuestros vecinos han perdido sus casas… Tuve que dejar la comunidad porque ya no teníamos acceso al transporte, ni a una carretera, ni centro de salud, ni servicio de agua, y no teníamos electricidad porque se nos había quemado el transformador. Los pocos que quedamos en la comunidad tuvimos que reunir nuestro dinero para comprar un nuevo transformador y restablecer la electricidad. No ha sido fácil para mí. Tengo que llevar a mis hijos a la escuela. Se han retrasado en los estudios porque la carretera está en mal estado y los profesores no pueden entrar. Al igual que yo, mis vecinos están pasando por lo mismo. Nuestra reubicación está en marcha, y estamos preocupados porque nuestra comunidad depende de la pesca, y el traslado a otro lugar, la forma de vivir… Muchos se preguntan cómo vamos a vivir, cómo vamos a sobrevivir… Antes, si no tenía nada que comer, no tenía comida, podías ir a la orilla y te proporcionaba un pescado».
Cristina, miembro de la comunidad de El Bosque
ASENTAMIENTOS INFORMALES EN NAIROBI, KENIA
Kenia sufrió graves inundaciones en marzo, abril y mayo de 2024. Según la Cruz Roja, 101.132 hogares se vieron afectados, de los cuales más de 55.000 fueron desplazados, y hasta 294 personas perdieron la vida.9 En Nairobi, las zonas afectadas por las inundaciones incluían los asentamientos informales de Mukuru, Mathare, Kibera, Korogocho y Kawangware.10 Benna Buluma, defensora de los derechos humanos y fundadora de la Red de Madres de Víctimas y Supervivientes tras la muerte ilegítima de sus dos hijos a manos de agentes de policía durante la violencia electoral de 2017, fue una de las víctimas mortales de las inundaciones en Mathare.11
Amnistía Internacional ha documentado y denunciado en investigaciones anteriores las condiciones de vida de los residentes en esos asentamientos informales, que se veían obligados a vivir en viviendas inadecuadas y tenían escaso acceso a agua potable, saneamiento, atención médica, escuelas y otros servicios públicos esenciales.12
Como zonas con servicios insuficientes, los asentamientos informales suelen llevarse la peor parte de las inundaciones y los corrimientos de tierra que las acompañan. Por lo general, los residentes de estas zonas no tienen otra opción que seguir viviendo en condiciones precarias. Las recientes inundaciones en Kenia revelan esta precariedad persistente y muestran cómo las respuestas mal concebidas del Estado agravaron el sufrimiento de la población.
Por ejemplo, como parte de su respuesta a la catástrofe, el 30 de abril el gobierno emitió una directiva, seguida de órdenes de seguridad pública el 2 y 4 de mayo, en las que se pedía la «evacuación voluntaria» o la «reubicación forzosa» de los hogares y negocios que estuvieran a menos de 30 metros de los valles fluviales, lo que afectó a más de 127.000 residentes sólo en Nairobi.13 Sin embargo, el gobierno no garantizó que la evacuación fuera acompañada de un plan de reubicación viable, un ejercicio de enumeración o un plan claro de compensación y ayuda. Aunque las autoridades anunciaron un paquete de indemnizaciones de 10.000 KES (78 USD) por persona a las víctimas de la evacuación, las personas afectadas afirmaron que esta cantidad no era ni mucho menos suficiente para pagar una vivienda alternativa. Miles de personas, algunas de las cuales ya habían perdido a sus seres queridos y sus pertenencias a causa de las inundaciones, se quedaron así sin hogar a causa de estas órdenes. Según algunas personas afectadas por los desalojos forzosos, no se pidió a todas las personas que vivían cerca de los cauces de los ríos que evacuaran; el gobierno se centró sólo en las personas que vivían en los asentamientos informales.14
El 14 de mayo, la Comisión Nacional de Género e Igualdad concluyó que «las inundaciones sin precedentes, agravadas por el cambio climático y la mala planificación, han desarraigado a familias, interrumpido servicios esenciales y aumentado el riesgo de violencia de género contra mujeres y niñas», ya que los refugios abarrotados, especialmente en asentamientos informales, crean un entorno en el que mujeres y niñas están cada vez más expuestas a la explotación y la violencia.15 Según los medios de comunicación, las autoridades anunciaron que se construirían 40.000 viviendas para las personas realojadas en los cauces fluviales de Nairobi, pero en septiembre de este año sólo se habían empezado a construir 4.050 de ellas.16
CAÑADA REAL, COMUNIDAD DE MADRID, ESPAÑA
Los gobiernos pueden fracasar a la hora de proteger a las personas de los impactos del cambio climático en países de todos los niveles de renta, incluso en los de renta alta. Con frecuencia, los hogares que viven en la pobreza son los más afectados, ya que son los que menos acceso tienen a una calefacción o refrigeración adecuadas para sus viviendas.17
Un ejemplo es la Cañada Real de Madrid, el mayor asentamiento informal de Europa.18 Los sectores 5 y 6 no tienen acceso a la electricidad desde 2020 y, como consecuencia, unas 4.000 personas, entre ellas 1.800 niños, han soportado sucesivas olas de calor y frío intenso sin acceso a refrigeración o calefacción. En estos sectores viven principalmente inmigrantes, en su mayoría de origen norteafricano, y ciudadanos españoles, en su mayoría originarios del Norte de África y ciudadanos españoles, provenientes de Roma.19
Con el aumento de las temperaturas en España en los últimos años, la continua incapacidad de las autoridades para garantizar que las personas puedan protegerse del calor extremo puede afectar al derecho de las personas a la vivienda, así como a su derecho a la salud y, en algunos casos, incluso a la vida. Como subraya la Organización Mundial de la Salud, un aislamiento, calefacción o ventilación deficientes en las viviendas pueden agravar los efectos de las condiciones climáticas extremas.20
En Cañada Real, como señaló el Relator Especial sobre Extrema Pobreza y Derechos Humanos tras su visita en 2020, la gente vive sin centro de salud, sin centro de empleo, sin escuela y en una carretera sin asfaltar.21 Los continuos cortes de electricidad se suman a la precaria situación de vivienda, pobreza persistente, exclusión social y discriminación continua a la que se enfrentan los residentes en los Sectores 5 y 6.22
El Comité Europeo de Derechos Sociales destacó en 2022 que la prolongada y recurrente falta de electricidad ha tenido un efecto negativo muy grave en las condiciones de vida de la población de la Cañada Real y que corrían el riesgo de sufrir daños graves e irreparables en sus vidas. El Comité pidió al Gobierno que garantice que todas las personas afectadas tengan acceso a la electricidad y que ofrezca un alojamiento alternativo adecuado a aquellas a las que no sea posible garantizar dicho acceso de forma segura.23 Esto es consecuencia del llamamiento realizado por nueve relatores especiales de la ONU al Gobierno de España para que restablezca inmediatamente la electricidad en la Cañada Real en 2020.24
A pesar de que se han firmado varios convenios entre las administraciones competentes -el último en abril de 2024 para realojar a 1.600 familias25-, desde 2017 hasta la fecha, sólo 239 familias habían sido realojadas26, y el resto sigue viviendo sin luz.
«Vivo en la Cañada Real, concretamente en el Sector 6, marginado, estigmatizado y completamente desatendido por la administración regional de la Comunidad de Madrid. Desde 2020 tenemos cortado el suministro eléctrico, y desde entonces no tenemos luz en nuestras casas. Esto afecta a 4.000 personas, entre ellas casi 2.000 niños. A día de hoy, seguimos sin electricidad. Hemos soportado inviernos gélidos sin calefacción ni agua caliente y sufrido olas de calor insoportables sin aire acondicionado, ventiladores ni siquiera frigoríficos para mantener fresca el agua. Para las mujeres, esto supone una carga adicional. Lavamos la ropa a mano, la secamos, cocinamos en fuegos abiertos y calentamos nuestras casas con chimeneas de leña. La falta de electricidad pone a nuestros hijos en riesgo de enfermar, lo que también dificulta a las mujeres conciliar el trabajo o completar nuestros estudios. Seguimos exigiendo a la Comunidad de Madrid y al Gobierno de España que nos devuelvan la electricidad, que nos proporcionen contratos y que establezcan una comisión de seguimiento para resolver la situación».
Houda Akrikez, residente en Cañada Real y presidenta de la Asociación Cultural Tabadol.
ES HORA DE ACTUAR
Los efectos del cambio climático sobre el derecho a una vivienda adecuada se dejan sentir en todo el mundo, en países de todos los niveles de renta. Sin embargo, en todos los países, a menudo son los más marginados y los que corren el riesgo de sufrir múltiples e interrelacionadas formas de discriminación los que se llevan la peor parte. En este Día Mundial del Hábitat, en el que activistas, responsables políticos y líderes mundiales exploran los «futuros urbanos», Amnistía Internacional pide que se preste más atención a la intersección entre el derecho a la vivienda, la crisis climática y la discriminación. El futuro de nuestras ciudades, pueblos, aldeas y otros asentamientos es precario y muy susceptible a los caprichos de los fenómenos meteorológicos extremos provocados por la crisis climática. Si no se aborda esta cuestión, el futuro seguirá siendo muy incierto, incluso para los jóvenes y las generaciones futuras.
Además de eliminar progresivamente los combustibles fósiles, principal causa del cambio climático, Amnistía Internacional pide a la comunidad mundial de responsables políticos y profesionales que se aseguren de que trabajan para mejorar la preparación ante los desastres y garantizar que todos los planes de adaptación y mitigación cumplen estrictamente el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, incluido el derecho a una vivienda adecuada. También pide a todos los Estados que estén en condiciones de hacerlo que financien adecuadamente el Fondo de la CMNUCC para responder a pérdidas y daños. Como destaca el Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada, esto implica el uso de los máximos recursos disponibles para diseñar y aplicar estrategias regionales y/o locales en consulta con las comunidades afectadas para identificar y responder a los riesgos y daños climáticos, garantizando las aportaciones de los grupos en riesgo de marginación y discriminación y medidas especiales para hacer frente a los riesgos a los que se enfrentan.27
Además, es imperativo que cualquier reasentamiento que se prevea se planifique y se lleve a cabo sólo después de que se haya establecido que es la única opción viable para proteger las vidas y los derechos humanos de las comunidades afectadas, tras una auténtica consulta con ellas, y en estricto cumplimiento de la legislación y las normas internacionales de derechos humanos.
1 UN Special Rapporteur on the Right to Adequate Housing as a Component of the Right to an Adequate Standard of Living, and on the Right to Non-discrimination in this Context (UN Special Rapporteur on the right to adequate housing), Report: Towards a Just Transformation: Climate Crisis and the Right to Housing, 23 December 2022, UN Doc. A/HRC/52/28, para. 1.
2 UN Special Rapporteur on the right to adequate housing, Report, 23 December 2023 (previously cited), para. 1.
3 Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), Global Report on Internal Displacement 2024, 14 May 2024, https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2024/
4 IDMC, Global Report on Internal Displacement 2024, 14 May 2024 (previously cited).
5 UN Special Rapporteur on the right to adequate housing, Report, 23 December 2023 (previously cited), para. 11.
6 Guardian, “It’s time for us to go’: the Mexican fishing village swallowed by the sea”, 20 October 2023, https://www.theguardian.com/world/2023/oct/20/its-time-for-us-to-go-the-mexican-fishing-village-swallowed-by-the-sea
7 Amnesty International, “Climate displaced community needs urgent relocation” (Index: AMR 41/7387/2023), 8 November 2023, https://www.amnesty.org/en/documents/amr41/7387/2023/en/
8 Juan Manuel Orozco Moreno and Claudia Fry, “Submission provided in response to the Call for Input for the HRC56 Thematic Report on Climate Change and Internal Displacement”, 1 April 2024, Conexiones Climáticas and Department of Geography, University of Exeter, https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/internaldisplacement/cfis/hrc56-climate-change/subm-hrc56-climate-change-ind-juan-manuel-orozco-moreno-claudia-fr-fry.docx
9 Kenya Red Cross, “Floods Operations”, 18 June 2024, https://www.redcross.or.ke/floods
10 Institute of Development Studies, “Double disaster: Flood fallout and state eviction in Nairobi & Karachi”, 23 May 2024, https://www.ids.ac.uk/opinions/double-disaster-flood-fallout-and-state-eviction-in-nairobi-karachi/
11 Amnesty International, “Impunity for mass rights violations risks global gains and human security”, 28 April 2024, https://www.amnestykenya.org/mass-rights-violations-risk-global-gains-human-rights-security/
12 Amnesty International, Kenya: The Unseen Majority: Nairobi’s Two Million Slum-dwellers (Index: AFR 32/005/2009), 12 June 2009, https://www.amnesty.org/en/documents/afr32/005/2009/en/
13 Amnesty International, “Solidarity statement on the recent evictions in Nairobi informal settlements”, 15 May 2024, https://www.amnestykenya.org/solidarity-statement-on-the-recent-evictions-in-nairobi-informal-settlements/
14 Amnesty International, “Solidarity statement on the recent evictions in Nairobi informal settlements”, 15 May 2024 (previously cited).
15 National Gender and Equality Commission (NGEC), “Kenya floods: unequal burden on vulnerable groups and urgent action needed”, 14 May 2024, https://www.ngeckenya.org/news/10288/kenya-floods–unequal-burden-on-vulnerable-groups-and-urgent-action-needed
16 Capital news, “Ruto says 40,000 housing units to be built for people relocated from riparian land in Nairobi”, 9 September 2024, https://www.capitalfm.co.ke/news/2024/09/ruto-says-40000-housing-units-to-be-built-for-people-relocated-from-riparian-land-in-nairobi/
17 World Health Organization, “Health risks”, Environment, Climate Change and Health, https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/healthy-urban-environments/housing/health-risks (accessed on 15 August 2024).
18 El País, “What to do with Cañada Real?”, 8 February 2012,
https://english.elpais.com/elpais/2012/02/07/inenglish/1328627886_929407.html
19 Legal Clinic of the Master in Fundamental Rights of University Carlos III in Madrid, Light for the Cañada. The impact of the power outage in the Cañada Real Galiana on the rights of children and adolescents (translation), 2021, https://clinicajuridicaidhbc.com/wp-content/uploads/2021/06/luz-para-la-canada.pdf, Annex 8, p. 19.
20 World Health Organization Environment, “Exposure to heat and cold”, Environment, Climate Change and Health, https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/healthy-urban-environments/housing/health-risks (accessed on 15 August 2024).
21 UN Special Rapporteur on Extreme Poverty and Human Rights (UN Special Rapporteur on poverty), Report: Visit to Spain, 21 April 2020, UN Doc. A/HRC/44/40/Add.2, para. 67.
22 “Luz Ya para la Cañada Real” (Electricity Now for Cañada Real), complaint No. 206/2022 to the European Committee of Social Rights, 21 March 2021, https://rm.coe.int/cc206-casedoc1-en/1680a5e8aa
23 European Committee of Social Rights. Decision on admissibility and Immediate measures, Complaint No. 206/2022, 19 October 2022, https://rm.coe.int/cc-206-2022-dadmissandimmed-en/1680a8c283 .
24 UN Special Rapporteur on the right to adequate housing, UN Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities; UN Special Rapporteur on the right to education, UN Special Rapporteur on the right to food, UN Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, UN Special rapporteur on the human rights of migrants, UN Special Rapporteur on minority issues, UN Special Rapporteur on poverty and UN Special Rapporteur on the human rights to safe drinking water and sanitation, “Spain: Power outages put children’s lives at risk in informal settlement”, 22 December 2020, https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/12/spain-power-outages-put-childrens-lives-risk-informal-settlement-un-experts
25 Community of Madrid, “The Community of Madrid starts the relocation of more than 1,600 families from Cañada Real with an investment of 110 million euros”, 15 April 2024, https://www.comunidad.madrid/noticias/2024/04/15/comunidad-madrid-inicia-realojo-1600-familias-canada-real-inversion-110-millones
26 Madrid 365, “First steps for the relocation of 1,600 families in Cañada Real”, 16 April 2024, https://madrid365.es/urbanismo/primeros-pasos-para-el-realojo-de-1-600-familias-en-la-canada-real-20240416-0855/
27 UN Special Rapporteur on the right to adequate housing, Report, 23 December 2023 (previously cited), para. 64.
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