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El Estado de excepción, una grave amenaza para los derechos

El 27 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un régimen de excepción en respuesta a los reportes sobre el aumento en el número de homicidios relacionados con pandillas. Desde entonces, según indica la información disponible, más de 25,000 personas han sido detenidas, y los derechos humanos de la población están gravemente amenazados. Amnistía Internacional pide al presidente Nayib Bukele que tome todas las medidas necesarias para poner fin de inmediato a las violaciones de derechos humanos que tienen lugar en el contexto del régimen de excepción, y que diseñe estrategias de seguridad pública que garanticen los derechos fundamentales.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO
Presidente Nayib Bukele
Correo-e: contacto@presidencia.gob.sv
Twitter: @nayibbukele

Señor Presidente Bukele:
Me dirijo a usted para expresarle mi alarma por la situación de derechos humanos que vive actualmente El Salvador. El régimen de excepción y las medidas relacionadas con él han traído consigo una multitud de violaciones de derechos humanos, y es su responsabilidad actuar para restaurar los derechos humanos y las libertades fundamentales en el país. En particular, me preocupa que:

  1. Las reformas legales aprobadas desde el inicio del estado de excepción amenazan los derechos humanos y no cumplen las normas internacionales. Resulta angustioso ver que el decreto sobre el régimen de excepción suspende libertades fundamentales, como el derecho a la defensa jurídica. Además, otras reformas legales, como la eliminación de los periodos máximos de prisión preventiva y la aprobación de juicios sin la presencia de la persona acusada, son contrarias al derecho internacional.
  2. Ha habido informes generalizados de detenciones arbitrarias, y preocupación respecto a los malos tratos contra personas detenidas, incluidas muertes bajo custodia. Recibo con la alarma los reportes sobre los malos tratos infligidos a personas detenidas por las fuerzas de seguridad, que indican que al menos cinco personas han muerto al parecer bajo custodia. Sus propias declaraciones sobre la limitación de alimentos y acceso al aire libre para las personas presas también son motivo de honda preocupación. Además, las organizaciones locales han identificado incidentes de personas a las que se ha detenido por tener tatuajes o simplemente por estar presentes en zonas en las que suelen operar miembros de pandillas. Se han realizado cientos de denuncias de detención arbitraria.
  3. En el país se ataca a periodistas, personas defensoras de los derechos humanos y funcionarios judiciales. Las recientes reformas legales amenazan la capacidad de los y las periodistas de informar sobre la actividad de las pandillas sin sufrir persecución. En lugar de aplaudir su trabajo de defensa de los derechos humanos en El Salvador, resulta inquietante ver que su gobierno ha estigmatizado y acosado a profesionales del periodismo y personas que defienden los derechos humanos. Además, los jueces, juezas y los abogados y abogadas defensoras parecen estar sometidos a un escrutinio cada vez mayor.

El contexto de derechos humanos que su gobierno ha creado en El Salvador es aterrador, y le insto a que proceda de inmediato a cambiar de rumbo. Las estrategias de seguridad pública son importantes, pero deben garantizar los derechos humanos fundamentales.

Por tanto, le pido que:

1. derogue o enmiende todas las reformas legales que no cumplen con el derecho y las normas internacionales;
2. garantice los derechos de las personas presas al debido proceso y a un trato justo;
3. ponga fin a la estigmatización de la sociedad civil, la prensa y los funcionarios judiciales, y garantice que estas personas pueden realizar su trabajo sin represalias.

Atentamente,
[NOMBRE]

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El 27 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un régimen de excepción, a petición del presidente Nayib Bukele, para dar respuesta a los reportes sobre un aumento en el número de homicidios relacionados con pandillas. El estado de excepción, que inicialmente estaba previsto para 30 días, fue renovado por la Asamblea Legislativa el 24 de abril. Hasta la fecha se ha detenido a más de 25.000 personas, y se ha informado de violaciones generalizadas de derechos humanos. Amnistía Internacional siente especial preocupación por las siguientes cuestiones:

  1. Las reformas legales implementadas en el contexto del régimen de excepción amenazan los derechos humanos y no cumplen las normas internacionales.
    El decreto de estado de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa suspende derechos humanos que se consideran fundamentales y cuya vigencia, por consiguiente, no admite excepciones en virtud del derecho internacional. Entre esos derechos se incluyen el derecho a la defensa jurídica y el derecho a ser informado de los motivos de una detención, entre otros.
    Otras reformas legales aprobadas por la Asamblea Legislativa son el establecimiento de penas de prisión para menores de entre 12 y 16 años por delitos relacionados con pandillas, la posibilidad de juzgar a personas in absentia —es decir, sin que estén presentes en el contexto del juicio—, la abolición de los periodos máximos de prisión preventiva, y el establecimiento de juicios con jueces anónimos “sin rostro”, que pueden generar preocupación respecto al debido proceso y la independencia judicial.
    Las reformas incluyen también el establecimiento de penas de prisión para quienes “reciban provecho directa o indirectamente de las relaciones de cualquier naturaleza con tales organizaciones”, o por “la reproducción y transmisión a la población en general de mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico en la población”; unas reformas de redacción muy vaga que no cumplen el requisito de legalidad establecido por el derecho internacional. La última reforma, en particular, podría dar lugar a la criminalización de periodistas que informan sobre la actividad relacionada con las pandillas.
  2. Se han recibido informes generalizados sobre detenciones arbitrarias, y existe preocupación respecto a los malos tratos y muertes de personas bajo custodia.
    Las organizaciones de la sociedad civil han recibido más de 300 denuncias de violaciones de derechos humanos en el contexto del régimen de excepción, de los que más del 70% se refieren a detenciones arbitrarias.
    Las organizaciones locales y los medios de comunicación han informado de que se ha detenido a personas en barrios pobres y marginados simplemente por tener tatuajes o por estar presentes en zonas donde suelen operar pandillas. Al parecer, estas personas no han tenido acceso a defensa jurídica adecuada, y se ha manifestado preocupación respecto a la independencia judicial y a la capacidad de estas personas de obtener una revisión judicial justa de su detención. También se han recibido informes de malos tratos en el contexto del estado de excepción, y el presidente ha hecho preocupantes declaraciones sobre limitar el acceso de las personas presas a la comida y al aire libre. Los informes indican que al menos cinco personas han muerto bajo custodia en el contexto del régimen de excepción.
  3. Se está atacando a periodistas, personas defensoras de los derechos humanos y funcionarios judiciales.
    Los periodistas y los defensores y defensoras de los derechos humanos que han alzado la voz contra el estado de excepción han sido sometidos a acoso y estigmatización por las autoridades en las redes sociales y otros canales. Este acoso contra periodistas en El Salvador ha alcanzado tales niveles que algunos han sentido la necesidad de abandonar el país, ante el temor a represalias.
    Los jueces, juezas y abogados y abogadas defensoras que intentan proteger los derechos de las personas detenidas también han sido sometidos, según indica la información disponible, a un mayor escrutinio.

El régimen de excepción y las medidas relacionadas con él se han producido en un contexto más amplio de reducción del espacio cívico en El Salvador. En mayo de 2021, la Asamblea Legislativa —controlada por el partido de Nayib Bukele, “Nuevas Ideas”— votó a favor de destituir a magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, una medida que se interpretó en general como un ataque a la independencia del poder judicial en el país. La Asamblea Legislativa también ha tratado de introducir legislación que restringe la financiación extranjera para las organizaciones de la sociedad civil, una legislación que, si se aprueba, dificultaría seriamente el trabajo de las ONG en El Salvador. El presidente Bukele descalifica y estigmatiza el trabajo de las ONG y los periodistas en las redes sociales y, en enero de 2022, se reveló que al menos 35 personas, en su mayoría periodistas independientes de medios críticos con el gobierno, habían sido vigiladas mediante la infección de sus dispositivos con el software espía Pegasus.

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