El 12 de enero, funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar de Maracaibo (DGCIM) detuvieron a miembros del personal de Azul Positivo, una ONG médica y humanitaria de Zulia (oeste de Venezuela). Johan León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio y Luis Ferrabuz, han sido acusados de delitos financieros y de “asociación para delinquir”. Amnistía Internacional considera que su detención y su procesamiento se basan únicamente en la labor humanitaria que lleva a cabo la ONG para la que trabajan, Azul Positivo. Son presos de conciencia y deben ser puestos en libertad de forma inmediata e incondicional.
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El personal de @AzulPositivo está detenido por su labor humanitaria. Son presos de conciencia y tienen que ser liberados inmediata e incondicionalmente. @NicolasMaduro, la labor humanitaria no es un delito. Es admirable y necesaria.
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Presidente Nicolás Maduro
Palacio de Miraflores
Av. Norte 10, Caracas 1012,
Distrito Capital
Venezuela.
Tel: +58 212-8063111
Twitter: @NicolasMaduro
Estimado Nicolás Maduro,
Estoy consternado(a) al enterarme de la detención de trabajadores de la sociedad civil y humanitarios pertenecientes a Azul Positivo, por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Maracaibo el pasado 12 de enero.
Johan León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio, Miguel Guerra Raydan y Luis Ferrebuz son presos de conciencia y deben ser liberados de forma inmediata e incondicional.
La labor de Azul Positivo como organización humanitaria es admirable y muy necesaria en Venezuela. Su trabajo debe ser garantizado, protegido y celebrado, no criminalizado.
Le pido que garantice la liberación inmediata e incondicional de todo el personal de Azul Positivo y a poner fin al acoso, la persecución y la censura de todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos de todas las personas venezolanas
Atentamente,
[NOMBRE]
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Azul Positivo es una organización no gubernamental que desde 2004 trabaja para promover la inclusión, la comprensión y el tratamiento a los pacientes VIH+, así como temas transversales como las infecciones de transmisión sexual, la diversidad y la sexualIidad. Desde 2006, han desarrollado proyectos comunitarios en varios pueblos y ciudades del Estado Zulia(oeste de Venezuela). A través de su trabajo, han contribuido a la labor de entidades de salud pública del estado, como el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, el Programa Regional de SIDA y el Ministerio de Salud. También han sido un aliado de las agencias del Sistema de Naciones Unidas como ONUSIDA, ACNUR y UNFPA, implementando proyectos en la frontera con Colombia sobre salud sexual y reproductiva.
El 12 de enero de 2021, aproximadamente a las 11:30 horas, una comisión de al menos 15 funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) se dirigió a la sede de la organización de la sociedad civil Azul Positivo ubicada en el centro comercial Aventura de la ciudad de Maracaibo para realizar un supuesto procedimiento administrativo relacionado con las actividades de asistencia humanitaria que la organización realiza en varias comunidades del estado Zulia.
Durante más de 6 horas, los directivos y varios miembros del equipo fueron retenidos en sus oficinas e interrogados sobre su labor humanitaria. Después de este tiempo, Johan León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio y Miguel Guerra Raydan, fueron llevados a la sede de la DGCIM, sin tener acceso a asistencia legal durante ese tiempo. Más tarde ese mismo día, otro trabajador de Azul Positivo, Luis Ferrebuz, fue detenido en su domicilio por funcionarios de la DGCIM. Miguel Guerra fue liberado posteriormente.
El 14 de enero, los cinco detenidos fueron llevados ante un tribunal y acusados formalmente de delitos inventados, a saber adquisición ilícita de bienes y servicios, blanqueo de capitales y asociación para delinquir. Este ataque a Azul Positivo se produce en un momento de mayor estigmatización y acoso por parte del gobierno a otras organizaciones de la sociedad civil, especialmente en lo que respecta a su financiación internacional. Con más de 15 años de trabajo humanitario respetado, de confianza y de gran impacto, Azul Positivo es una organización muy bien considerada por las organizaciones internacionales de ayuda y los socios y activistas locales.
El gobierno de Nicolás Maduro ha implementado una política de represión y continuamente ha acosado, perseguido y censurado a activistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos de los venezolanos en medio de una compleja y una profunda crisis de derechos humanos que ha obligado a los venezolanos a huir en un número sin precedentes en busca de seguridad y un futuro digno en el extranjero. En diciembre de 2020, más de 5,4 millones habían huido del país.
Todos estos acontecimientos no son aislados. Desde principios de enero, la sociedad civil de Venezuela ha denunciado una nueva ola de represión contra activistas y defensores de los derechos humanos, centrada principalmente en la criminalización de la cooperación internacional. Este nuevo conjunto de ataques represivos también ha afectado a los medios de comunicación independientes.
El año pasado, un informe de la misión internacional independiente de investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela documentó cientos de casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en el país desde 2014, y concluyó que estas graves violaciones de los derechos humanos pueden constituir crímenes de lesa humanidad.
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NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Staff de Azul Positivo (ellos/ellas)
