Hablemos sobre el Caso Vinicius

El 21 de mayo, el jugador de fútbol brasileño Vinicius José Paisao de Olivera, más conocido como Vinicius junior, denunció su hartazgo e indignación por la falta de medidas que ampararan sus derechos ante las actitudes racistas y graves insultos que lleva años soportando, a pesar de no parar de denunciarlos.

La relevancia pública de Vinicius, unida al hecho de que Lula Da Silva, presidente del Gobierno brasileño amplificase esta denuncia en su comparecencia en la cumbre del G7, exigiendo directamente responsabilidades al Gobierno español, ha conseguido que este caso haya traspasado no solo los debates en los espacios deportivos, sino también las fronteras, colocando a la sociedad española frente al espejo del racismo.

¿Es España una país racista?

Los medios de comunicación y las redes sociales están revolucionados con opiniones para todos los gustos. ¿Es España un país racista? Mientras algunos lo preguntan con sorpresa –lo cual no deja de ser un grave síntoma de lo interiorizado y normalizado que están muchas actitudes y comportamientos racistas y xenófobos– otros directamente lo niegan considerando que los insultos recibidos por Vinicius no son más que una anécdota protagonizada por cuatro radicales, y que, por lo tanto, debería quedarse como tal. En su artículo de ayer en El Confidencial, la periodista Marta García Aller se preguntaba sobre lo que estamos debatiendo: si España es un país racista, o que se visibilice ante la opinión pública internacional que España es un país racista.

Representantes de partidos políticos, de la fiscalía, de la magistratura se han visto obligados a reaccionar. Tenemos a quienes aprovechan la estrategia del totum revolutum negacionista minimizando la discriminación por origen étnico o racial al compararla con cuestiones que no tienen nada que ver, como que al jefe del Estado se le insulte, hasta quienes si bien condenan este hecho, consideran que el debate debería zanjarse porque contamos con un adecuado marco jurídico y normativo que castiga estas conductas.

Es cierto que España tiene una ley contra el racismo, la xenofobia en el deporte, y además el Código Penal agrava las conductas racistas. Pero si no se están aplicando, ¿será por falta de compromiso real con la lucha contra el racismo o seguimos en la falacia de que si no se hace es porque total… en España no hay racismo? Algo está fallando cuando los últimos datos indican la tendencia ascendente de normativas, prácticas y comportamientos racistas y xenófobos en los últimos años, y seguimos sin un compromiso claro para luchar contra el racismo y la discriminación en todas sus manifestaciones y en todos los ámbitos.

Jugadores y oficiales muestran una pancarta contra el racismo antes de un partido. REUTERS/Stringer

Racismo en el fútbol y fuera del fútbol

Lo cierto es que con su denuncia y hartazgo, Vinicius visibiliza la realidad del día a día de muchas personas racializadas que deben convivir y soportar comportamientos racistas y xenófobos en todos los espacios de sus vidas, en su acceso al empleo o en el trabajo, a espacios públicos y de ocio, a la vivienda, en la educación, en las redes sociales… ante la indiferencia de las autoridades que deberían ampararles y el descaro de quienes saben que pueden actuar con impunidad.

Ojalá en esta ocasión la sociedad española se despoje de la hipocresía imperante y enfrente la realidad, sus prejuicios y estereotipos discriminatorios. Es cierto que la discriminación por motivos de origen racial y étnico está prohibida en el marco normativo español y europeo, pero sólo admitiendo que en España hay racismo y xenofobia –comenzando por el reconocimiento por parte de las autoridades de racismo institucional, y siguiendo por la escucha activa a las personas que sufren discriminación por su origen étnico, por sus convicciones religiosas o por su origen nacional, que ven mermado el ejercicio de sus derechos y su dignidad por ser percibidos como diferentes–, se demostrará si hay verdadera voluntad política para realizar una revisión profunda de la legislación, las políticas y las prácticas que comprometen el mandato de la prohibición absoluta de discriminación y dejan a miles de personas que viven en España desprotegidas ante continuas violaciones y abusos de derechos humanos motivados por el odio y la discriminación.