La presentación de pruebas por la República de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que demuestran que Israel no ha acatado las órdenes provisionales dictadas por la Corte en el caso relativo a las denuncias de genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza ocupada, debe impulsar a otros Estados a presionar a Israel para que cumpla; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
En su presentación ante la CIJ, Sudáfrica argumenta que Israel ha incumplido las medidas ordenadas por la Corte, lo que coincide con las conclusiones de Amnistía Internacional de que las autoridades israelíes no han aplicado las medidas ya que han continuado su genocidio contra la población palestina de Gaza, incluso después del alto el fuego declarado en octubre de 2025.
“Desde que la CIJ dictó las primeras medidas provisionales en enero de 2024, las autoridades israelíes han seguido infligiendo daños irreparables a los derechos de la población palestina de Gaza protegidos por la Convención sobre el Genocidio, despreciando por completo las órdenes de la Corte así como sus obligaciones jurídicas en virtud del derecho internacional. En lugar de acatar las medidas preceptivas de la Corte, Israel continúa su genocidio contra la población palestina de Gaza”, ha manifestado Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“La presentación de Sudáfrica es un caso excepcional en un entorno repleto de Estados que no han adoptado medidas para impedir el genocidio de Israel en Gaza y que, en algunos casos, lo han facilitado. Numerosos Estados han contribuido a sostener la impunidad de Israel, unos al no adoptar ninguna medida eficaz para obligar a cumplir las medidas provisionales vinculantes de la Corte, y otros, además, procurando activamente la cobertura diplomática, los recursos económicos y el apoyo material que han hecho posible el genocidio de Israel contra la población palestina de Gaza. Mientras, la comunidad internacional sigue manteniendo una actitud apática ante la ocupación ilegal y el sistema de apartheid de Israel, incluida su campaña de limpieza étnica contra personas palestinas en el Área C de la Cisjordania ocupada.”
Las autoridades israelíes continúan imponiendo a la población palestina de Gaza unas condiciones de vida calculadas para causar su destrucción física, total o parcial, incluidas graves restricciones a la entrada y distribución de suministros esenciales, entre ellos equipo y artículos médicos suficientes, alimentos nutritivos variados, combustible suficiente y los materiales de reparación y reconstrucción necesarios, y al mismo tiempo restringen la labor esencial de las organizaciones humanitarias. Esto vulnera la orden de la Corte de enero de 2024 de adoptar “medidas inmediatas y efectivas para permitir la provisión de los servicios básicos y la asistencia humanitaria que se necesitan con urgencia”, reiterada en marzo y mayo de 2024.
“Matando a reporteras y reporteros palestinos que documentan las violaciones de derechos cometidas por Israel en Gaza, impidiendo que medios de comunicación internacionales, personal investigador sobre derechos humanos y organismos con mandato de la ONU accedan a la Franja de Gaza y negando a la Cruz Roja el acceso a las personas palestinas detenidas —a pesar de la sentencia del propio Tribunal Supremo israelí—, Israel sigue ocultando el horror absoluto de su conducta ilegal en Gaza y vulnera la orden de la CIJ de preservar las pruebas relacionadas con denuncias de actos de genocidio”, ha afirmado Heba Morayef.
Al no investigar —y mucho menos enjuiciar— a ninguna de las figuras políticas relevantes que han hecho afirmaciones genocidas e impulsar la propagación en curso de una retórica deshumanizadora por parte de altos cargos políticos israelíes, Israel continúa incumpliendo la orden de prevenir y castigar la incitación pública al genocidio.”
A pesar de algunas mejoras en la situación humanitaria y de cierta reducción de la magnitud e intensidad de los ataques desde la supuesta tregua, persisten los ataques aéreos letales, la destrucción en gran escala de objetos civiles, los desplazamientos forzados masivos y los homicidios. Al menos 1.303 personas palestinas, entre ellas más de 300 menores de edad, han muerto por ataques israelíes desde que se declaró el alto el fuego en octubre de 2025.
Decenas de miles de personas palestinas viven en Gaza con lesiones físicas que les han cambiado la vida y daños psicológicos que requieren rehabilitación y tratamiento a largo plazo, algo de lo que Gaza ha sido privada. Con casi la totalidad de la población de Gaza desplazada —y un gran número en múltiples ocasiones—, el Estado de Israel está agravando la crisis de refugio que él mismo ha creado bloqueando el proceso de reconstrucción y desplegando sus tropas y milicias locales en casi el 65% de la Franja de Gaza, impidiendo así que las personas palestinas desplazadas retornen a sus casas y tierras al este de la llamada “línea amarilla”, la línea de demarcación en constante cambio y expansión que divide Gaza.
“Esta amarga realidad subraya la necesidad urgente de proteger a la población palestina de la Franja de Gaza y de garantizar que Israel cumple de inmediato sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio” ha dicho Heba Morayef.
“Todos los Estados deben presionar a Israel para que ponga fin a las violaciones del derecho internacional y cumpla las medidas provisionales dictadas por la CIJ, poner fin a las transferencias de armas y la ayuda militar y suspender las relaciones comerciales o económicas que contribuyan a la ocupación ilegal del Territorio Palestino Ocupado, de acuerdo con la opinión consultiva de julio de 2024 de la CIJ. En particular, Amnistía pide a Sudáfrica que suspenda todo acuerdo comercial con Israel que pueda contribuir a la comisión de violaciones de derechos humanos, incluidos los envíos marítimos de carbón térmico.”
Información complementaria
En el caso de genocidio en curso entre Sudáfrica e Israel, la CIJ dictó una orden el 26 de enero de 2024 en la que concluía que el derecho de la población palestina de Gaza a estar protegida de actos de genocidio y otros relacionados y también prohibidos en virtud de la Convención sobre el Genocidio era plausible, y que era necesario dictar medidas provisionales vinculantes para proteger este derecho de daños irreparables.
El tribunal dictó medidas provisionales en enero, marzo y mayo de 2024, y todas ellas ordenaban a Israel prevenir los actos de genocidio, prevenir y castigar la incitación pública y directa al genocidio, garantizar la provisión de servicios básicos y suministros humanitarios sin trabas, y prevenir la destrucción y garantizar la preservación de las pruebas relacionadas con denuncias de actos genocidas.
En su orden de 24 de mayo de 2024, la Corte ordenaba a Israel “detener de inmediato su ofensiva militar y cualquier otra acción en la gobernación de Rafá que pueda someter a la población palestina de Gaza a unas condiciones de existencia que podrían conducir a su destrucción física”. No sólo no ha cumplido esas órdenes sino que ha terminado destruyendo gran parte de Rafá e imponiendo condiciones de asedio en varias fases en Gaza mientras continuaba sus bombardeos implacables sobre la Franja. Desde el alto el fuego declarado en 2025, Israel se ha negado a adoptar las medidas necesarias para contrarrestar los efectos acumulados y demoledores de sus acciones en Gaza, y el genocidio continúa.
