El 3 de agosto, José Eduardo Ravelo murió a causa de múltiples lesiones internas tras contar a su madre que la policía lo había torturado bajo custodia días antes en Mérida, estado de Yucatán. La fiscalía encargada de investigar la muerte de José Eduardo ha declarado públicamente que durante su detención no tuvieron lugar tortura ni malos tratos, pero esta declaración la ha realizado antes siquiera de concluir la investigación, lo que suscita serias dudas sobre la seriedad e imparcialidad de los fiscales. Instamos al Fiscal General a garantizar que se lleve a cabo una investigación independiente y exhaustiva sobre todos los posibles crímenes cometidos contra José Eduardo, y a garantizar también a su madre pleno acceso a la justicia y la reparación.
ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN ESTA CARTA MODELO
Alejando Gertz Manero
Fiscal General
Fiscalía General de la República
Correo-e: alejandro.gertz@pgr.gob.mx
Twitter: @FGRMexico
Señor Fiscal General:
Me preocupan enormemente las declaraciones públicas realizadas recientemente por la fiscalía encargada de la investigación en curso sobre la presunta tortura infligida a José Eduardo Ravelo por agentes de policía en Mérida, estado de Yucatán, en julio, y por la subsiguiente muerte de este joven el 3 de agosto.
José Eduardo, de 23 años, había viajado de Veracruz a Mérida para una entrevista de trabajo. Según su madre, el 23 de julio le dijo que la policía lo había detenido dos días antes y que los agentes lo habían golpeado y lo habían sometido a abusos sexuales. Murió unos días después a causa de múltiples lesiones internas.
Según la información recibida, la fiscalía se ha negado a aplicar directrices cruciales para documentar e investigar de forma eficaz señales de tortura (Protocolo de Estambul). A pesar de ello, y de que la investigación aún está en curso, el 28 de octubre la Fiscalía declaró públicamente que, basándose en las
pruebas recopiladas, José Eduardo no había sido torturado ni agredido sexualmente por agentes de policía, y no se había violado ninguno de sus derechos. Estas apresuradas conclusiones, y el hecho de que no se haya aplicado el Protocolo de Estambul, amenazan el derecho de la familia de José Eduardo a que su muerte y sus posibles tortura o malos tratos bajo custodia policial sean aclarados con la diligencia debida.
Le insto a garantizar de inmediato que se lleva a cabo, de acuerdo con todas las directrices existentes, incluido el Protocolo de Estambul, una investigación independiente, efectiva e imparcial sobre las denuncias de tortura, agresión sexual y uso excesivo de la fuerza perpetrados contra José Eduardo. Deben garantizarse plenamente los derechos de la madre de José Eduardo a la justicia y la reparación.
Atentamente,
[NOMBRE]
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Unos días después de que la madre de José Eduardo hiciera pública la historia de su hijo en agosto, un representante del Estado declaró públicamente que el joven había sido detenido por causar “una alteración del orden público”, presuntamente “bajo el efecto de las drogas”.
En agosto, un juez desestimó los cargos contra cuatro agentes de la policía municipal que habían sido acusados inicialmente de homicidio calificado cometido en pandilla, violación agravada y tortura agravada contra José Eduardo, declarando que no había pruebas suficientes para procesarlos.
La Fiscalía del estado de Yucatán se hizo cargo inicialmente de la investigación, pero el caso pasó luego a manos de una unidad de la Fiscalía General de la República (FGR) especializada en investigaciones de tortura. Según la información recibida por Amnistía Internacional, los fiscales que están ahora al cargo se han negado a utilizar el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (“Protocolo de Estambul”), que contiene directrices esenciales para documentar eficazmente la tortura; alegan que no pueden utilizar este manual para investigar sobre personas fallecidas.
En su declaración pública del 28 de octubre, la FGR mencionó también que había detectado problemas en investigaciones llevadas a cabo por los fiscales del estado de Yucatán que se habían encargado anteriormente de la investigación.
Hasta el momento, no están claras las causas ni las personas responsables de la muerte y presunta tortura de José Eduardo, que permanecen impunes.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos abrió también una investigación, que a día de hoy continúa pendiente, sobre todas las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por instituciones mexicanas contra José Eduardo y su madre.
Amnistía Internacional lleva mucho tiempo documentando violaciones de derechos humanos cometidas durante detenciones o reclusiones por parte de las fuerzas de seguridad nacionales y estatales en México, unas violaciones que incluyen detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y tortura. En 2017, Amnistía Internacional publicó el informe Falsas sospechas: Detenciones arbitrarias por la policía en México. La investigación mostró la manera en que se producen las detenciones efectuadas por las fuerzas policiales en México y, sobre todo, las de personas, que según la policía, fueron halladas en flagrante delito, es decir, en el momento en el que se está cometiendo un delito. Amnistía Internacional concluyó que, en México, el arresto de personas que supuestamente estaban cometiendo un delito al ser aprehendidas no funciona como una auténtica respuesta a los delitos que se cometen en el país, sino que es utilizado por las autoridades de forma ilegal, principalmente contra aquellas personas que enfrentan situaciones históricas de discriminación, y con preocupantes consecuencias para los hombres jóvenes que viven en la pobreza. El informe mostraba también que persiste el uso de fuerza indebida durante las detenciones, y que muchas personas detenidas son sometidas a tortura y otros malos tratos.
El 5 de mayo de 2020, Giovanny López, albañil de 30 años, murió después de ser golpeado por la policía tras haber sido detenido en el estado de Jalisco, aparentemente por no llevar tapabocas. En marzo de 2021, varios órganos de la ONU y organizaciones de derechos humanos condenaron la muerte de Victoria Salazar, refugiada salvadoreña, a causa del uso excesivo de la fuerza a que fue sometida mientras estaba bajo custodia a manos de cuatro policías en Tulum, estado de Quintana Roo.
Los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas también han expresado regularmente su preocupación por el uso generalizado de la tortura y los malos tratos y el uso excesivo de la fuerza por parte de fuerzas policiales, fuerzas armadas y otros agentes públicos, especialmente durante el arresto y las primeras etapas de la detención, y por las graves deficiencias en la investigación de actos de tortura y malos tratos en México, así como por la persistencia de los altos niveles de impunidad asociados a este tipo de delitos. Asimismo, han formulado recomendaciones a las autoridades mexicanas para poner fin a estas violaciones de derechos humanos.
PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Español
También pueden escribir en su propio idioma.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 31 de enero de 2022
Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.
NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: José Eduardo Ravelo (masculino)
ENLACE A LA AU ANTERIOR: No procede.
