El ejército de Myanmar fue acusado en 2018 de cometer crímenes de guerra contra grupos étnicos minoritarios en los estados de Chin, Kachin, Shan y Rakhine. En la foto, personas habitantes de este último estado llegan a Bangladesh huyendo de la persecución política. (Foto: Andrew Stanbridge / Amnesty International.)
En víspera de la reunión de emergencia, que sostendrá hoy a puerta cerrada el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Myanmar, la directora adjunta de Incidencia Política de Amnistía Internacional, Sherine Tadros, declaró lo siguiente:
“Lo que estamos presenciando en Myanmar no ha ocurrido de repente. No se puede dejar sueltos a los autores de delitos graves, considerados así por el derecho internacional, y luego sorprenderse cuando vuelven a pisotear los derechos humanos.
“Ayer, unos militares envalentonados se tomaron años de inacción internacional como una señal silenciosa de que podían derrocar al gobierno civil y embarcarse en una oleada de detenciones sin fundamento y sin ninguna consecuencia real.
“¿Seguirán los miembros del Consejo de Seguridad hablando sólo entre ellos, y a puerta cerrada, o actuarán por fin con firmeza para evitar más violaciones de derechos y la amenaza muy real de un empeoramiento de la crisis de derechos humanos? Si el Consejo de Seguridad hubiera actuado con decisión y firmeza desde el primer día, quizá no nos encontraríamos en una situación en la que la vida y la libertad de las personas de todo Myanmar corren ahora un riesgo aún mayor.
“Como hemos dicho antes, el Consejo de Seguridad debe imponer sanciones financieras selectivas contra el comandante en jefe, el general de división Min Aung Hlaing, y otros dirigentes militares responsables de crímenes atroces contra diversas minorías étnicas en todo el país, incluidos los rohingya. El Consejo de Seguridad también debe imponer un embargo global de armas a Myanmar y, sobre todo, remitir la situación de Myanmar a la Corte Penal Internacional.
“Este es un momento crítico que requiere una acción inmediata por parte del Consejo de Seguridad, incluyendo la celebración de una sesión abierta sobre Myanmar y la condena inequívoca de las detenciones y otras violaciones de los derechos humanos por parte de los militares. Por último, el Consejo debe exigir la liberación inmediata de todos los detenidos en las redadas del lunes, si no se les acusa rápidamente de un delito reconocido por el derecho internacional”.
Antecedentes
El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará una reunión de emergencia a puerta cerrada sobre Myanmar este martes 2 de febrero a las 10 de la mañana, hora del este, en respuesta al golpe de Estado ocurrido ayer en Myanmar.
Desde ayer, los militares han impuesto el estado de emergencia bajo la autoridad del Comandante en Jefe, el General en Jefe Min Aung Hlaing, y han detenido a decenas de funcionarios civiles electos, a otras figuras políticas de alto nivel, así como a activistas políticos y defensores de los derechos humanos. Se han impuesto cortes de telecomunicaciones en algunas partes del país.
En un informe de 2018, Amnistía Internacional nombró al general en jefe Min Aung Hlaing entre los responsables de crímenes de lesa humanidad perpetrados en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población rohingya en el norte del estado de Rakhine.
El año pasado, el ejército siguió cometiendo graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, incluidos crímenes de guerra, contra grupos étnicos minoritarios en los estados de Chin, Kachin, Rakhine y Shan, y eludiendo la rendición de cuentas. Amnistía Internacional descubrió pruebas de ataques aéreos indiscriminados que mataron a niños, así como de torturas y detenciones arbitrarias.
Una Misión de Investigación de la ONU sobre Myanmar en 2018 ha pedido que se investigue y enjuicie al general jefe Min Aung Hlaing por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
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