Niñas y adolescentes en matrimonios infantiles o forzados

La denominación matrimonio infantil no es la más adecuada. Lo auténticamente infantil es ir a la escuela, jugar, estudiar, imaginar, tener miedo a la oscuridad, a los monstruos, montar en triciclo o llorar cuando al fin del día se siente un enorme cansancio. El matrimonio está fuera del ámbito de lo esencialmente infantil porque debe permanecer y pertenecer al mundo de las personas adultas, sus libres decisiones y determinación de sus derechos.

El matrimonio infantil se refiere a aquellos en los que uno o ambos cónyuges son menores de 18 años. El matrimonio forzado es un matrimonio en el que uno o ambos cónyuges no dan su pleno y libre consentimiento, independientemente de la edad. El matrimonio forzado también puede referirse a una unión en la que uno o ambos cónyuges no pueden poner fin al matrimonio o salir de él. Ambos conceptos se solapan en ocasiones, en los matrimonios infantiles forzados.

En lo que se refiere al llamado matrimonio infantil, como repetidamente cita Naciones Unidas para referir a la unión involuntaria de pareja institucionalizada social, jurídica y culturalmente en las comunidades que lo practican, y que afecta a adolescentes y niñas mayoritariamente, aunque sea una denominación válida, no es del todo acertada, ya que apenas visibiliza la causa real de esta unión en la que al menos uno de ambos contrayentes es menor de edad: el uso abusivo del poder patriarcal que anula la libertad, autonomía y decisiones de las mujeres desde su infancia, por el que se somete y controla la sexualidad femenina y se reproducen sistemáticamente violaciones de derechos humanos como el abuso sexual, la mutilación genital femenina y otras violencias de género, que son formas de tortura, trato cruel, inhumano y degradante contra niñas, adolescentes y mujeres.

Una madre con su bebé acogidos por Foceb (Fondation Cardinale Emile Biyenda), que ofrece refugio a las supervivientes de violaciones, matrimonios forzados y embarazos no deseados en el centro de Uagadugú, capital de Burkina Faso. Sophie Garcia/Corbis for Amnesty International.

La práctica de la unión forzada de niñas y adolescentes, según la ONU, se había reducido un 15% en el mundo, pero esta tendencia cambió por la crisis pandémica. 650 millones de mujeres, jóvenes y niñas se casaron a edades tempranas y en lugares como Bangladesh, Brasil, Etiopía, India y Nigeria, donde se producen la mitad de estas uniones, según informó UNICEF el ocho de marzo de 2021.

La Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños y Niñas de la ONU recientemente informó que la COVID-19 había tenido como efecto el aumento del estrés y las tensiones económicas, que, junto al aislamiento social, había derivado en el aumento de violencia en hogares de todo el mundo. Las lesiones por maltrato físico infantil junto a la violencia de género había afectado a 243 millones de mujeres y niñas de entre 15 y 49 años.

Según Naciones Unidas, en abril de 2020 se produce el cierre sistemático de escuelas afectando a más de 1600 millones de estudiantes de 190 países. Esta circunstancia supone la pérdida de un recurso de protección esencial para niños, niñas y adolescentes, además de la eliminación de oportunidades formativas y el aumento del abandono escolar.

Una chica joven acogida por Foceb (Fondation Cardinale Emile Biyenda), que ofrece refugio a las supervivientes de violaciones, matrimonios forzados y embarazos no deseados en el centro de Uagadugú, capital de Burkina Faso. Sophie Garcia/Corbis for Amnesty International.

La pobreza y exclusión social han desencadenado también violencia durante la pandemia. La pérdida de trabajo e ingresos familiares ha afectado a 142 millones de niños y niñas en 2020. 160 millones de menores de 18 años trabajan en el mundo, con un aumento de 8,4 millones más que en los cuatro años anteriores (Organización Internacional del Trabajo y UNICEF).

“A un año de la pandemia es necesario actuar de inmediato si queremos mitigar el impacto en las niñas y sus familias. Si reabrimos las escuelas, ponemos en marcha leyes y políticas eficaces, garantizamos el acceso a los servicios sanitarios y sociales (incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva) y adoptamos medidas integrales de protección social para las familias, podremos reducir significativamente el riesgo de que se prive a las niñas de su infancia debido al matrimonio infantil”

Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF

No debemos olvidar conflictos armados como el actual en Níger, que en Amnistía Internacional constatamos las consecuencias devastadoras, por los ataques y violencia perpetrada por los grupos armados Estado Islámico y el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, afiliado de Al Qaeda, contra población civil y escuelas. Muchos niños y niñas sufren traumas tras presenciar ataques letales contra sus pueblos, con el riesgo de ser reclutados o reclutadas como soldados. Las mujeres y niñas están expuestas a secuestros y matrimonios forzados con combatientes y se les prohíben las actividades fuera del hogar.

Los conflictos armados, el ataque y cierre de escuelas, la pobreza, la imposibilidad de acceso a servicios de atención tanto de salud como de educación, carecer de redes sociales de apoyo por la muerte de familiares en la pandemia, además de la muerte de jóvenes embarazadas, pone en grave riesgo a las niñas y adolescentes más vulnerables del mundo.

Dibujo contra el matrimonio infantil. copy AI

Así que reiterativamente invito a considerar más adecuado hablar de matrimonio forzado de niñas y adolescentes por el componente de violencia de género que supone como hecho causante de esta forma específica de violación de derechos humanos.

El matrimonio o el emparejarse con una persona de diferente o igual sexo e identidad de género, además de la oportunidad y decisión de tener hijos e hijas en el momento que se quiere y con la persona que libremente se escoge, es un ejercicio de derechos sexuales y reproductivos que preserva la normativa internacional en materia de derechos humanos que deben proteger y garantizar todos los Estados.

Denunciemos y visibilicemos con perspectiva de género las uniones de pareja o matrimonios forzados que someten la vida, voluntad e integridad de las niñas más vulnerables, para exigir medidas a todos los agentes estatales y no estatales implicados y responsables de esta violación de los derechos humanos de millones de mujeres, niñas y adolescentes en el mundo.