En reacción a la nueva detención del abogado y la abogada de derechos humanos Imaan Mazari-Hazir y Hadi Ali Chattha apenas unas pocas horas después de que el Tribunal Supremo los dejara ayer en libertad bajo fianza, Babu Ram Pant, director regional adjunto de Amnistía Internacional para Asia Meridional, afirmó:
“La detención de Imaan y Hadi deja claro que los cargos que pesan contra ellos no son más que un intento, motivado políticamente, de castigarlos por su trabajo de derechos humanos. Su caso demuestra una vez más el afán de las autoridades por emplear el sistema jurídico como arma contra quienes expresan opiniones críticas”.
“Estos últimos cargos, presentados contra ellos simplemente por asistir a una manifestación pacífica, no solo son absurdos, sino también un insulto a su compromiso de una vida entera con los derechos humanos”.
“Las autoridades pakistaníes deben dejar de usar indebidamente el sistema de justicia para atacar a Imaan y Hadi, que deben ser puestos en libertad de inmediato y sin condiciones, sin nuevos cargos que prolonguen su detención. Imaan y Hadi deben poder reunirse libremente con sus amistades y familiares y hacer el trabajo que tanto les gusta: representar a víctimas de violaciones de derechos humanos”.
Información complementaria
El 17 de septiembre, el Tribunal Supremo de Pakistán dejó en libertad bajo fianza al abogado y la abogada de derechos humanos Imaan Mazari-Hazir y Hadi Ali Chattha —que llevaban casi ocho meses recluidos arbitrariamente— tras dictar la ejecución condicional de sus condenas. Habían sido detenidos el 23 de enero y condenados el día siguiente a entre 10 y 17 años de prisión en aplicación de los apartados 9 (enaltecimiento de un delito), 10 (ciberterrorismo) y 26.A (difundir información falsa o errónea) de la Ley de Prevención de Delitos Informáticos, simplemente por unas publicaciones en las redes sociales en las que criticaban a las autoridades.
El 17 de septiembre, alrededor de las 21.30 horas, mientras se tramitaba su salida de prisión, Imaan y Hadi fueron puestos bajo custodia policial en la prisión de Adila (Rawalpindi) y obligados a comparecer ante un juez de la sala antiterrorista, que ordenó su devolución a la prisión de Adila durante 14 días.
La causa contra ellos se había abierto el 22 de marzo de 2025. Se los acusa de corear “consignas contra el gobierno” y de, al parecer, “cortar carreteras” en virtud de los apartados 188 (desobediencia a una orden dictada legalmente por un funcionario del Estado), 341 (obstrucción ilícita), 506 (castigo por intimidación delictiva), 353 (agresión o uso de fuerza delictiva para impedir que un funcionario del Estado desempeñe sus funciones oficiales) y 186 (obstrucción a un funcionario del Estado en el desempeño de sus funciones oficiales) del Código Penal pakistaní, así como del apartado 7 de la Ley Antiterrorista.
