Desde la destitución y el arresto del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 y los consiguientes estados de excepción declarados por las autoridades, Perú entró en una de sus crisis políticas y sociales más profundas de las últimas décadas. Miles de personas salieron a protestar a las calles. Sin embargo, las autoridades respondieron con uso de la fuerza letal y uso excesivo de fuerza menos letal con el objetivo de silenciar y castigar a quienes se manifestaban.
Entre los meses de diciembre de 2022 y febrero del 2023, 49 personas manifestantes perdieron la vida, once personas fallecieron en contextos de bloqueos carreteros y centenares de personas resultaron heridas; incluyendo a un policía, quien perdió la vida. Este documento analiza el uso de la fuerza por parte de los cuerpos policiales y militares peruanos en respuesta a las protestas, lo que resultó en graves violaciones de derechos humanos y crímenes bajo el derecho internacional y pide al Estado peruano que garantice la rendición de cuentas a los posibles responsables.
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