Roland Higuita
Defensor de los derechos humanos de Colombia
Una vez más el exilio oficia como mensajero de la repetida muerte. A veces siento una especie de vergüenza contenida por exponer casi invariablemente a Colombia, como una fuente de noticias nefastas, sumida en el lodo espeso de la desigualdad social y el desprecio por la vida. Sin embargo, no cabe duda de que la tarea de darlo a conocer es tan ineludible como urgente, sobre todo ahora, dadas las actuales circunstancias de violencia extrema en contra de la población reclamante de sus derechos ciudadanos.
Hoy se difunden por el mundo las imágenes y testimonios de la forma despótica con que las fuerzas de seguridad del Estado han dejado su rastro de dolor en todo el territorio nacional, intentando eliminar las acciones y expresiones del Paro Nacional decretado desde el 28 de abril por las organizaciones sociales. Son de espanto los reportes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz-INDEPAZ– sobre lo ocurrido en los primeros 9 días de protesta: 47 personas asesinadas, 963 detenidas arbitrariamente, 12 casos de violencia sexual y 548 personas desaparecidas. Son cifras que se actualizan cada minuto y que sobrevienen como lluvia sobre mojado, engrosando el gran archivo de otras cifras que relatan episodios de años y décadas pasadas, y en los que la población inerme fue también castigada sin clemencia por atreverse a cuestionar las formas de gobierno que le oprimían.
Manifestantes sostienen pancartas con la leyenda “No a la reforma tributaria” del gobierno del presidente Iván Duque en Bogotá, Colombia 28 de abril de 2021. © REUTERS/Luisa González
La represión a las movilizaciones evidencia un insólito ejercicio de crueldad sobre los cuerpos de las personas más jóvenes, que son quienes mayoritariamente han sostenido el pulso al gobierno encabezado por el presidente Iván Duque y que azuzado por miembros de los partidos políticos de la derecha, han acudido a la vieja maña de señalar a las protestas como una conspiración en su contra ideada por gobiernos vecinos antagónicos y organizaciones terroristas. Bajo este argumento de cajón, las autoridades pretenden justificar los homicidios y abusos policiales, presentándolos como acciones necesarias de la fuerza pública para recuperar la estabilidad institucional. Cuando, en realidad, se puede afirmar que el mayor origen de inestabilidad han sido las propias políticas que en materia económica y social ha implementado el gobierno, y de las cuales se han beneficiado las élites.
Dos ejemplos de ello son la reforma tributaria para extender exenciones y beneficios a los grandes conglomerados empresariales aumentando la carga a la clase media baja, y la reforma del sistema de salud que va en detrimento del ya insuficiente cubrimiento para la población más vulnerable. Ambos proyectos se exponen como ajustes imprescindibles, aunque son una forma expedita de resolver el hueco fiscal que ha dejado el expolio sistemático de las arcas públicas y la incompetencia en la gestión de la pandemia. Ajustes demoledores en un país con un índice de pobreza superior al 40%.
La injusticia social mantenida en el tiempo desde gobiernos anteriores y profundizada por el gobierno Duque, ha estallado como un grito de indignación irrefrenable tras una larga acumulación de humillaciones y sometimiento a la población históricamente excluida. Según INDEPAZ desde el 1 de enero hasta el 29 de abril del presente año se han registrado 35 masacres con un saldo de más de 130 víctimas, así como el asesinato de 62 líderes sociales y 23 firmantes del Acuerdo de Paz. El panorama es aún más espeluznante si nos remontamos a revisar datos desde el inicio de la administración Duque. Esto solo se explica en el marco de sus anuncios de campaña cuando era candidato, prometiendo a los sectores más conservadores la desfiguración del Acuerdo de Paz firmado con las FARC y el incremento de la solución militarista con un plan de inversión e incentivos para las Fuerzas Armadas.
Protesta contra las agresiones sexuales de la policía y el uso exceso de la fuerza contra las protestas pacíficas en Bogotá, Colombia, 15 de mayo de 2021. © REUTERS/Luisa González
La escalada de violencia durante el Paro Nacional ha ofrecido escenas inverosímiles que demuestran la perversidad de la doctrina de seguridad que aplica el estado, la descomposición de los cuerpos armados oficiales y su vínculo estrecho con sectores reaccionarios de ciudadanos que obedecen a la lógica del ajusticiamiento mafioso y racista. Tal ha sido el caso del ataque armado a la Minga Indígena en un exclusivo barrio de Cali, donde residentes propietarios dispararon sus armas contra la comitiva, coordinados y apoyados abiertamente por miembros de la policía nacional, dejando como saldo 10 personas heridas. Este hecho ha sido excusado y nunca criticado por las autoridades locales ni por el gobierno nacional.
Ante estos graves sucesos la ciudadanía movilizada ha respondido valientemente describiendo con madurez la realidad de los hechos a través de un uso inteligente de las redes sociales, comunicando al mundo entero los motivos de la protesta y anunciando la fuerza de su persistencia, a pesar de las formas de aniquilamiento con que la atacan.
“Sumamos nuestra voz a la exigencia de justicia y al cumplimiento de los principios constitucionales, acudiendo a todas las formas posibles de hacer llegar hasta el actual gobierno colombiano nuestro rotundo rechazo al tratamiento dado a las protestas.”
El llamado de auxilio S.O.S. Colombia resuena hoy en muchos rincones del planeta gracias a que la juventud colombiana ha asumido como prioridad en su vida presente la defensa de su vida futura, cuestionando el largo régimen de gobiernos corruptos e irresponsables en el cumplimiento de su función pública y atreviéndose a proponer soluciones concretas para los problemas reales que aquejan a la mayoría excluida.
El exilio y la diáspora colombiana en el exterior han escuchado ese clamor desde Colombia y se han manifestado como nunca antes, tomándose calles, sedes diplomáticas, parques y balcones en muchos países y ciudades del mundo. El despertar dentro de las fronteras ha dado aviso más allá, creciéndose ya como un sentimiento unificado de repudio a las conductas criminales del actual gobierno, de la clase política que lo sustenta y de quienes se aferran a un sistema de inequidad oprobioso.
Una persona sostiene un cartel durante la protesta en la que se exige la actuación del gobierno para hacer frente a la pobreza, la violencia policial y las desigualdades en los sistemas de salud y educación, en Bogotá, Colombia, el 7 de mayo de 2021. © REUTERS/Luisa González
Desde la distancia hacemos llegar nuestra voz de respaldo al movimiento ciudadano y a los jóvenes que lo alimentan, abrazando su intento por encauzar prometedoramente este malestar popular, enraizado en la larga historia de despojos que es Colombia. Sumamos nuestra voz a la exigencia de justicia y al cumplimiento de los principios constitucionales, acudiendo a todas las formas posibles de hacer llegar hasta el actual gobierno colombiano nuestro rotundo rechazo al tratamiento dado a las protestas.
Hoy, más que sentir vergüenza contenida por hablar otra vez de una Colombia atribulada por esa eterna deuda social con los más débiles y constreñida por las élites políticas beneficiarias de una impunidad insultante, debemos sentir orgullo por nombrar a una Colombia que se sacude de sus pesados lastres y cadenas para defender el derecho a la vida, al territorio y a la paz.
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