Cuando las imágenes de la violenta represión contra las protestas masivas que iniciaron en abril de 2018, por una serie de reformas al sistema de seguridad social en Nicaragua, colmaron las portadas de los principales diarios de todo el mundo, parecía que la crisis de derechos humanos en el país había
llegado a su punto más álgido.
Para finales de abril de 2018 era difícil pensar que las cosas podían empeorar. El gobierno del presidente Daniel Ortega hacía uso de todo el aparato de seguridad para castigar a quienes se atrevían a manifestarse en las calles exigiendo rendición de cuentas. Dos años después, la realidad continúa superando las peores predicciones.
La evidencia y testimonios contenidos en este informe muestran la forma en la que el gobierno de Nicaragua no solo ha profundizado, sino que ha perfeccionado su aparato represivo, poniendo en práctica una serie de tácticas sofisticadas para silenciar cualquier forma de crítica y demanda social, a cualquier precio.
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