Carlos Mendoza (@CarlosMendozaR_)
Responsable de contenidos para las Américas de Amnistía Internacional
Con un “chè zanmi” (“querido amigo” en criollo), Marie* ofrece sus bebidas frías a otras personas haitianas que hacen fila para obtener una cita en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados bajo el intenso sol afuera del Estadio Olímpico de Tapachula.
Ubicada en Chiapas, el estado con los mayores índices de pobreza en México, Tapachula se ha convertido en una suerte de cárcel abierta para miles de personas haitianas que buscan protección internacional. No pueden salir mientras esperan sus procesos migratorios, pero tampoco trabajar aquí legalmente, por lo que la economía informal es de sus pocas vías de subsistencia.
Migrantes haitianos con sus hijos protestan por el trato recibido por los agentes de inmigración en Tapachula, estado de Chiapas, México, el 6 de septiembre de 2021. © AP Photo/Marco Ugarte
Con 21 años, dos hijas y sus sueños de convertirse en bailarina profesional metidos a la fuerza en una bolsa de plástico, junto a sus pocas pertenencias, Marie me dice que en México han encontrado “racismo, falta de respeto a la dignidad”.
Relata con tristeza cuando un arrendador, ayudado por la policía, les sacó de la habitación antes de cumplir el mes por el que había pagado 3,100 pesos (aproximadamente $150 USD), similar al promedio por una habitación de mejores condiciones en Ciudad de México.
“Pensé que tendrían piedad de mis niñas”, cuenta, pero no le devolvieron ni sus alimentos y tiraron su ropa a la calle, “como si fuera basura”.
En Tapachula, la oferta de viviendas no satisface la demanda. El sistema bancario y de transferencias se ven bajo una gran presión, y todos los días hay largas filas de personas haitianas y de otros países en bancos y cajeros automáticos para recibir remesas.
Con el dinero pagan renta, compran alimentos, revenden del comercio y agricultores locales, incentivando la circulación de efectivo en plena reapertura económica, todavía impactada por la pandemia por COVID-19. Pero las autoridades restringen los parques y plazas con alambres o cinta amarilla, impidiendo la posibilidad de ser visibles en espacios públicos, de sostener sus relaciones de comunidad y tejido social, y limitándoles a las vías públicas donde está prohibido vender.
A algunas personas, las autoridades les han tirado los productos que ponen en carretillas para mostrar sus verduras o comidas tradicionales en puestos improvisados a las orillas de los mercados, para huir con más facilidad, si es necesario.
Migrantes que se dirigen al norte duermen en la calle en la comunidad de Álvaro Obregón, en el estado de Chiapas, México, el 24 de octubre de 2021. © AP Photo/Marco Ugarte
Ante el colapso del sistema de asilo mexicano, no preparado para procesar semejante cantidad de solicitudes, organizaciones de la sociedad civil han solicitado al gobierno que explore otras vías para regularizar a los miles de personas varadas en Tapachula y así darles un trato digno, y que puedan integrarse.
Mientras siguen esperando, muchas hacen eco con Marie, quien, al preguntarle qué la haría volver dijo “prefiero que me maten antes de volver a Haití. Solo lo haría si me dijeran que mis hijas están enfermas y que solo en Haití las pueden curar”.
*Se cambió su nombre para proteger su identidad
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