Desde el año 2011 se han presentado miles de denuncias por casos de sustracciones de menores, por hechos comúnmente englobados bajo la denominación de “bebés robados”.
En España son muchas las personas que hoy por hoy desconocen múltiples aspectos vitales sobre sí mismas y sobre su pasado. Se trata de personas que desconocen la identidad de sus madres y padres biológicos, su propia identidad o las circunstancias que rodearon a su nacimiento. Algunas de ellas, hoy personas adultas, albergan dudas legítimas sobre si pudieron haber sido separadas de sus madres y sus familiares al nacer. Algunas de estas personas han podido constatar que fueron registradas como hijas e hijos biológicos de las familias a las que fueron entregadas, sustituyendo su identidad y vulnerando sus derechos humanos. Los procedimientos a través de los cuales se realizaban muchas de estas entregas de niños y niñas contaban en gran medida con la participación de instituciones administrativas, sanitarias y religiosas.
Amnistía Internacional ha recabado testimonios y documentado denuncias de sustracción ilegal de menores que dan cuenta de hechos que podrían constituir desaparición forzada, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. Desde el momento en que existen motivos razonables para sospechar que una persona ha podido ser víctima de desaparición forzada, se origina para el Estado una obligación absoluta de investigar hasta esclarecer los hechos y conocer la verdad.
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