Amnistía Internacional, Brigadas Internacionales de Paz y Front Line Defenders seguirán de cerca la condena, que se dictará esta semana, contra personas indígenas defensoras de la tierra a quienes Canadá ha criminalizado por proteger territorio wet’suwet’en no cedido frente a la construcción de un gasoducto para transporte de combustibles fósiles.
Una delegación de representantes de la Sección de habla inglesa de Amnistía Internacional Canadá, la Oficina Regional de la Amnistía Internacional para las Américas, y la oficina en Canadá de Brigadas Internacionales de Paz asistirá en persona a las vistas que se celebrarán en Smithers, Columbia Británica. Front Line Defenders, una organización internacional de derechos humanos que protege a defensores y defensoras en peligro, seguirá los procedimientos desde el extranjero.
Desde el 15 de octubre, un juez de la Columbia Británica presidirá la vista de determinación de la pena, de tres días de duración, de Sleydo’ (Molly Wickham), jefa de rama (casa Cas Yikh, u Oso Grizzly) del clan Gidimt’en de la nación Wet’suwet’en, Shaylynn Sampson, gitxsan con vínculos familiares con la nación Wet’suwet’en, y Corey “Jayohcee” Jocko, kanien’kehá:ka (mohawk) de Akwesasne.
Estos defensores fueron detenidos en noviembre de 2021 durante una redada fuertemente militarizada de la Real Policía Montada del Canadá en territorio wet’suwet’en. Sleydo’, Sampson y Jocko fueron acusados, y más tarde declarados culpables, de desafiar una controvertida orden judicial de la Columbia Británica que prohibía acciones de defensa de la tierra cerca del lugar de construcción del gasoducto de gas natural licuado de Coastal GasLink (CGL).
La investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional ha concluido que la orden judicial restringe indebidamente tanto los derechos humanos de las personas que defienden la tierra como los derechos de la nación Wet’suwet’en como pueblo indígena. Por extensión, la detención y el procesamiento de quienes defienden la tierra constituyen una grave violación de los derechos de estas personas.
“Nos enorgullece regresar a Smithers —en territorio tradicional no cedido de la nación Wet’suwet’en— para expresar nuestra solidaridad con Sleydo’, Shaylynn Sampson y Corey Jocko, criminalizados injustamente por Canadá por ejercer sus derechos”, ha manifestado Erin Riley-Oettl, directora de Derecho de los Derechos Humanos, Campañas y Trabajo de Incidencia de la Sección de habla inglesa de Amnistía Internacional Canadá. “Si son condenados a encarcelamiento o arresto domiciliario, Amnistía Internacional no dudará en designar a estos valientes defensores como presos de conciencia.”
“Nos preocupa profundamente la criminalización de estos defensores de la tierra y el medioambiente que respaldaban el ‘Anuk niwh’iten (las leyes wet’suwet’en) y protegían territorio no cedido frente a un destructivo megaproyecto de extracción”, ha manifestado Brent Patterson, coordinador de Brigadas Internacionales de Paz Canadá. “La vigilancia, el acoso, la intimidación y los comentarios ofensivos a los que los ha sometido la Real Policía Montada del Canadá resultan preocupantes. Esta situación debe terminar. Toda condena que implique encarcelamiento o arresto domiciliario sería injusta e injustificada.”
“El caso de los defensores de la tierra wet’suwet’en se suma a un alarmante patrón de criminalización de los defensores y defensoras indígenas en las Américas y sienta un peligroso precedente para quienes defienden la tierra en Canadá”, ha manifestado Sandra Patargo, coordinadora de protección para América del Norte, América Central y el Caribe en Front Line Defenders. “Garantizar la protección y la justicia para las personas que defienden la tierra de la nación Wet’suwet’en es una obligación del gobierno canadiense y una responsabilidad internacional en un contexto en el que los defensores y defensoras indígenas están liderando la lucha global por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y del medioambiente. Front Line Defenders seguirá acompañando a Sleydo’, Shaylynn Sampson y Corey Jocko hasta que puedan seguir defendiendo su territorio libremente.”
Se agravan las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas
La construcción del gasoducto de CGL, de 670 kilómetros de longitud, a través del territorio wet’suwet’en se inició sin el consentimiento libre, previo e informado de los jefes y jefas hereditarios de la nación Wet’suwet’en, a quienes la Corte Suprema de Canadá ha reconocido como la autoridad ancestral de dicha nación. (Según la decisión Delgamuukw de la Corte Suprema (1997), los derechos y títulos de propiedad de la nación indígena nunca se han extinguido.) Esto constituye una violación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que dispone que los grandes proyectos de infraestructura o extracción de recursos no deben llevarse a cabo a menos que hayan recibido el consentimiento libre, previo e informado de las naciones indígenas a cuyos territorios afectan. Canadá ha aprobado la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y, en 2021, la adoptó en la legislación federal.
Además, las violaciones de derechos siguen agravándose a medida que Canadá, la Columbia Británica y el consorcio empresarial internacional que yace tras el gasoducto de CGL avanzan en la fase II del proyecto. La fase II, que tiene como objetivo duplicar la producción de las instalaciones de exportación de GNL en Kitimat, Columbia Británica, construiría siete nuevas estaciones compresoras a lo largo del recorrido del gasoducto, dos de ellas en territorio wet’suwet’en, una vez más sin el consentimiento libre, previo e informado de los jefes y jefas hereditarios de la nación indígena.
“Es indignante que se haya declarado culpables a Sleydo’, Shaylynn y Corey por defender la ley wet’suwet’en y nuestro territorio”, ha declarado el jefe Na’Moks, del clan Tsayu de la nación Wet’suwet’en.” “Puesto que Canadá y la Columbia Británica atacan a los pueblos indígenas por ejercer sus derechos, desplegando a través de nuestro territorio una destructiva infraestructura para un gasoducto que destruirá nuestras casas y que amenaza nuestras formas de vida tradicionales, ¿por qué no las tratan como a delincuentes o las acusan de un crimen?”
“Vez tras vez, Canadá sigue favoreciendo los intereses de inversores adinerados y empresas gigantescas por encima de las vidas y los derechos de los pueblos indígenas y del medioambiente natural del que depende todo el mundo, no sólo los pueblos indígenas. ¿Cómo puede el Estado canadiense afirmar que defiende los derechos humanos, no digamos ya la reconciliación, cuando agrede físicamente y criminaliza a los defensores y defensoras indígenas que alzan su voz por la justicia?”
“Las artimañas son una parte evidente del gobierno y la industria de la Columbia Británica”, ha declarado el jefe Woos, del clan Gidemt’en. “La nación Wet’suwet’en ha mantenido siempre su soberanía sobre los 22.000 kilómetros cuadrados de sus tierras territoriales.”
A pesar de la decisión del juez de la Columbia Británica de declarar a Sleydo’, Sampson y Jocko culpables de desacato al tribunal, el propio juez reconoció que durante las detenciones de los tres se habían violado sus derechos. En respuesta a una alegación de abuso de procedimiento presentada por el equipo jurídico de los tres defensores, el juez resolvió en febrero que la conducta, incluidas declaraciones racistas contra los pueblos indígenas, de algunos miembros de la Real Policía Montada durante la redada de noviembre de 2021 había violado la Carta de Derechos y Libertades de Canadá. La resolución valida tanto las experiencias de estos defensores de la tierra como la experiencia más amplia de violencia colonial que los pueblos indígenas llevan más de 100 años sufriendo a manos de la Real Policía Montada. Sin embargo, el juez denegó la suspensión de todos los cargos contra los defensores y declaró que, a cambio, consideraría condenas reducidas.
Canadá, en peligro de una nueva declaración de preso de conciencia
Amnistía Internacional está lista para declarar a Sleydo’, Sampson o Jocko presos de conciencia en caso de que el tribunal condene a uno o más de ellos a cárcel o a arresto domiciliario. Si eso sucede, sería tan sólo la segunda vez que Amnistía declara preso de conciencia a una persona recluida por Canadá.
En julio de 2024, el jefe Dsta’hyl, jefe de rama (clan Likhts’amisyu) de la nación Wet’suwet’en, se convirtió en el primer preso de conciencia declarado en Canadá por Amnistía Internacional. En aquel momento, este defensor de la tierra, de 68 años, cumplía una pena de arresto domiciliario de 60 días después de haber sido declarado culpable de desacato al tribunal por violar presuntamente la orden judicial de la Columbia Británica. Unos agentes de la Real Policía Montada lo detuvieron en octubre de 2021 durante un bloqueo de la carretera forestal de servicio de Morice que pretendía detener la construcción del gasoducto a través del territorio wet’suwet’en.
Poco antes de quedar libre de su arresto domiciliario en septiembre de 2024, el jefe Dsta’hyl dio las gracias a todas las personas que se habían solidarizado con él en todo el mundo y las instó a mantener la presión sobre Canadá para que respete los derechos de la nación Wet’suwet’en.
“El gobierno federal y la provincia tienen la facultad de emitir una declaración reconociendo nuestra propiedad de nuestros 22.000 kilómetros cuadrados de territorio”, dijo en una declaración escrita. “No entiendo su falta de voluntad para hacerlo. Llegaron a firmar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y a hacer otras promesas, pero son cortinas de humo para apaciguar a la población. No han cumplido su palabra. Aquí es donde la gente puede presionar al gobierno y obligarlo a reconocer por fin nuestros derechos.”
