Policías colombianos retienen a una persona manifestante, durante una de las manifestaciones efectuadas a finales de abril de 2020 en la ciudad de Bogotá. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images).
A la luz de pruebas visuales verificadas por Amnistía Internacional, confirmando que armas y equipo de Estados Unidos se están utilizando indebidamente para cometer violaciones de los derechos humanos contra los manifestantes en Colombia, la organización pide al Secretario de Estado Blinken que cese inmediatamente el suministro, la venta o la transferencia directa o indirecta de equipo utilizado para la represión, como armas pequeñas, escopetas y munición relacionada; equipo denominado como “menos” letal, como gases lacrimógenos, proyectiles y lanzadores para el control de disturbios; vehículos blindados, tecnologías de vigilancia de doble uso, formación y cualquier otra asistencia técnica o financiera.
“El papel de Estados Unidos en el fomento de los ciclos incesantes de violencia cometidos contra el pueblo de Colombia es escandaloso”, ha declarado Philippe Nassif, Director de Incidencia Política de Amnistía Internacional Estados Unidos. “El gobierno de Estados Unidos ha tenido una angustiante participación en los asesinatos, las desapariciones, la violencia sexual y otras torturas, y la horrenda represión de decenas de manifestaciones, en su mayoría pacíficas.
“La suspensión de las armas debe mantenerse hasta que las fuerzas de seguridad colombianas cumplan plenamente con el derecho y las normas internacionales sobre el uso de la fuerza, se investiguen los abusos de forma independiente e imparcial, y que hay total rendición de cuentas por todas las violaciones de los derechos humanos que han cometido las autoridades colombianas, con el apoyo de Estados Unidos. El Secretario Blinken tiene el poder de detener el miedo y el terror que están soportando los manifestantes colombianos, y debe hacerlo inmediatamente”.
Antecedentes y contexto
El 28 de abril comenzó en Colombia un “Paro Nacional” que ha continuado con múltiples manifestaciones masivas en todo el país. El gobierno respondió a las protestas con el despliegue del ejército y del escuadrón antidisturbios de la policía (ESMAD).
Hasta el 9 de mayo, las organizaciones de derechos humanos colombianas han registrado la muerte de 47 personas, 39 de ellas en el marco de la represión violenta de la policía colombiana, mil 876 actos de violencia policial, 963 detenciones, 28 víctimas de lesiones oculares y 12 casos de violencia sexual. La Fiscalía General de la Nación tenía 168 solicitudes activas de personas desaparecidas, así como otras denuncias de tortura, malos tratos, palizas y agresiones por parte de civiles armados, muchas de ellas en presencia de la policía.
Amnistía Internacional ha verificado el uso de lanzagranadas de alta capacidad Venom y de lanzagranadas manuales Penn Arms, ambos fabricados por la empresa estadounidense Combined Systems. Estados Unidos ha sido históricamente uno de los principales proveedores de armas y otros equipos de la policía colombiana, y hay informes de nuevos pedidos de compra de equipos estadounidenses de principios de 2021.
Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con:
Duncan Tucker: +52 55 4848 8266,
