Amnistía Internacional ha documentado y denunciado la existencia de una política de represión instaurada por el gobierno de Nicolás Maduro con el fin de silenciar la disidencia y controlar a la población en Venezuela.
El uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales por parte de distintos cuerpos policiales, las detenciones arbitrarias, y el uso de la tortura en el marco de estas detenciones conforman esta política de represión. En los últimos años han salido a la luz distintos casos que reflejan ratos crueles, inhumanos y degradantes por las condiciones de reclusión, hasta extremos de tortura y de denuncias de confesiones obtenidas bajo este método.
Amnistía Internacional ha identificado y documentado casos de tortura en Venezuela, que se enmarcan en el patrón descrito y denunciado por la Alta Comisionada. En particular, la organización ha tenido acceso a un extracto del expediente de investigación penal en contra de dos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) adscritos a la DGCIM que supuestamente habrían tenido participación en la muerte de Rafael Acosta Arévalo, capitán retirado de la Marina venezolana.
