Decenas de personas protestaron, el 29 de noviembre de 2019, por la represión de las manifestaciones organizadas contra el gobierno chileno. Las fuerzas de seguridad utilizaron balas de goma que han causado la perdida de la vista a las personas manifestantes. (Foto de Federico Rotter/NurPhoto via Getty Images)
- Según un nuevo informe, el uso indebido de balas de goma y otras armas menos letales contra personas manifestantes pacíficas por parte de la policía es cada vez más habitual y causa más heridos y muertos
- La creciente disponibilidad de balas de goma y otras armas menos letales ha provocado un aumento del uso de la fuerza contra manifestantes, con el consiguiente incremento de lesiones permanentes
- Se necesita urgentemente un Tratado sobre el Comercio de Armas Libre de Tortura para regular el comercio de material policial y ayudar a proteger el derecho a la protesta
Las fuerzas de seguridad de todo el mundo hacen un uso indebido habitual de las balas de goma y de plástico y de otras armas de las fuerzas del orden para reprimir violentamente protestas pacíficas y causar lesiones y muertes horribles, ha afirmado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe en el que pide controles estrictos sobre su uso y un tratado mundial que regule su comercio.
El informe, Me Estalló el Ojo, publicado conjuntamente con la Omega Research Foundation, se basa en investigaciones realizadas en más de 30 países durante los últimos cinco años. En él se documenta cómo miles de manifestantes y transeúntes han resultado mutilados y decenas han perdido la vida por el uso, a menudo imprudente y desproporcionado, de armamento menos letal de las fuerzas del orden, incluidos los proyectiles de impacto cinético (KIP, por sus siglas en inglés), como las balas de goma, así como el disparo de perdigones de goma y granadas de gas lacrimógeno dirigidas y disparadas directamente contra los manifestantes.
“Creemos que se necesitan urgentemente controles mundiales jurídicamente vinculantes sobre la fabricación y el comercio de armas menos letales, incluidas las KIP, junto con directrices efectivas sobre el uso de la fuerza, para combatir un ciclo de abusos que va en aumento”, ha declarado Patrick Wilcken, investigador de Amnistía Internacional sobre cuestiones militares, de seguridad y policiales.
Amnistía Internacional y la Omega Research Foundation se encuentran entre las 30 organizaciones que piden un Tratado sobre el Comercio Libre de Tortura, respaldado por la ONU, para prohibir la fabricación y el comercio de proyectiles de fabricación casera intrínsecamente nocivos y de otras armas para hacer cumplir la ley, y para introducir controles comerciales basados en los derechos humanos sobre el suministro de otro material para hacer cumplir la ley, incluidas las balas de goma y de plástico.
“Un Tratado sobre el Comercio Libre de Tortura prohibiría toda la producción y el comercio de armas y material policial intrínsecamente nocivos, incluidos los proyectiles de fabricación casera intrínsecamente peligrosos o imprecisos, las balas metálicas recubiertas de caucho, los perdigones recubiertos de caucho y la munición con proyectiles múltiples que han causado ceguera, otras lesiones graves y muertes en todo el mundo”, declaró Michael Crowley, investigador asociado de la Omega Research Foundation.
El uso indebido de armas menos letales está causando lesiones devastadoras en todo el mundo
Las armas han provocado discapacidad permanente en cientos de casos y muchas muertes. Se ha producido un aumento alarmante de las lesiones oculares, incluidas las roturas de globos oculares, los desprendimientos de retina y la pérdida total de la vista, así como fracturas óseas y craneales, lesiones cerebrales, rotura de órganos internos y hemorragias, perforación de corazones y pulmones por rotura de costillas, daños en los genitales y traumas psicológicos.
Según una evaluación del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, las acciones policiales durante las protestas que comenzaron en octubre de 2019 provocaron más de 440 lesiones oculares, con más de 30 casos de pérdida ocular, o ruptura ocular. Al menos 53 personas murieron por proyectiles disparados por las fuerzas de seguridad, según un estudio revisado por pares basado en literatura médica entre 1990 y junio de 2017. También concluyó que 300 de las 1.984 personas heridas sufrieron discapacidad permanente. Es probable que las cifras reales sean muy superiores.
Desde entonces, la disponibilidad, la variedad y el despliegue de los KIP se han intensificado en todo el mundo, lo que ha fomentado la militarización de las actividades policiales de protesta. El informe concluye que las directrices nacionales sobre el uso de los KIP rara vez cumplen las normas internacionales sobre el uso de la fuerza, que establecen que su despliegue debe limitarse a situaciones de último recurso cuando se produzcan actos violentos dónde individuos suponen una amenaza inminente de daño para las personas. Las fuerzas policiales incumplen sistemáticamente las normas con impunidad.
Gustavo Gatica, estudiante de psicología de 22 años, quedó ciego de ambos ojos tras ser alcanzado en la cara por perdigones de metal recubiertos de goma disparados por la policía durante las protestas contra la desigualdad en Santiago, la capital de Chile, el 8 de noviembre de 2019. Hasta la fecha no ha habido rendición de cuentas.
Recientemente dijo a Amnistía Internacional: “Sentí el agua corriendo de mis ojos…pero era sangre”. Espera que sus lesiones inspiren el cambio, para evitar que esto les ocurra a otros, diciendo: “Di mis ojos para que la gente despertara”.
Amnistía Internacional también ha documentado casos de granadas de gas lacrimógeno apuntadas y disparadas directamente contra personas o multitudes en Chile, Colombia, Ecuador, Francia, Gaza, Guinea, Hong Kong, Irán, Irak, Perú, Sudán, Túnez y Venezuela.
En Irak, las fuerzas de seguridad apuntaron deliberadamente a los manifestantes con granadas especializadas que son 10 veces más pesadas que las municiones típicas de gas lacrimógeno, causando lesiones horribles y al menos dos docenas de muertes en 2019. En Túnez, Haykal Rachdi, de 21 años, murió tras ser alcanzado en la cabeza por un proyectil de gas lacrimógeno en enero de 2021.
En Colombia, las fuerzas de seguridad han desplegado VENOM, un lanzagranadas de 30 tubos, desarrollado originalmente para el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, para lanzar salvas de granadas de gas lacrimógeno contra los manifestantes.
