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Del 10 al 21 de noviembre, dirigentes mundiales, integrantes de la comunidad científica, activistas, personal negociador y diplomático, pueblos indígenas y otras comunidades afectadas se reunirán en Belém (Brasil) para la conferencia climática anual de la ONU (COP30).
La COP30 llega en un momento crítico. Es la primera conferencia que se celebra desde que se supo se había superado el umbral de 1,5 C de calentamiento global por encima de los niveles preindustriales, un límite que desde hace tiempo se considera vital para evitar los peores impactos del cambio climático. Este hecho subraya la urgencia de actuar de manera audaz y coordinada.
Para lograr la justicia climática es crucial hacer que los derechos humanos sean el eje central de la política climática. Líderes y lideresas pueden plantar cara a los intereses empresariales y presionar para que haya una eliminación gradual, justa y rápida de los combustibles fósiles. La COP también presenta la oportunidad de garantizar que se protege a los defensores y defensoras de los derechos ambientales que están en primera línea del cambio climático y se les permite participar de manera significativa en la toma de decisiones sobre el clima.
Líderes y lideresas también tienen la oportunidad de ponerse de acuerdo sobre cómo incrementar la financiación climática en forma de subvenciones, no préstamos, para ayudar a quienes más sufren el impacto del cambio climático, en lugar de hacer que los países menos responsables de él se endeuden aún más.
La evidencia científica es innegable. El cambio climático está empeorando, y la principal causa de este empeoramiento son las actividades humanas, especialmente la extracción y la quema de combustibles fósiles. Pero si trabajamos aunados por nuestra humanidad compartida, podemos crear un futuro donde se haga justicia climática.
¿Qué es una reunión de la COP?
La COP, o Conferencia de las Partes, es una reunión anual donde los Estados trabajan conjuntamente para formular compromisos concretos y encontrar soluciones para abordar el cambio climático. Trabajar en unión es fundamental, ya que la atmósfera es un bien público global compartido.
La COP es el principal órgano de toma de decisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), un tratado medioambiental que se estableció en 1994 a fin de crear un mecanismo para las negociaciones sobre el clima y para el Acuerdo de París sobre el cambio climático de 2015.
Cada año la COP se celebra en un lugar diferente. Este año, su 30 edición se celebra en Belém (Brasil).
¿Por qué es tan importante la reunión de este año?
Todas las reuniones de la COP son importantes, pero este año hay más en juego que nunca.
En anteriores reuniones, los líderes y lideresas pusieron énfasis en un objetivo común: que el calentamiento global por encima de los niveles preindustriales no superara los 1,5°C. Sin embargo, se ha confirmado que este umbral se superó en 2024. Debido a factores geográficos y de otro tipo, algunas zonas del mundo se calientan a un ritmo aún mayor.
Según la comunidad científica experta en el cambio climático, el mundo se encamina hacia un calentamiento de 2,8°C por encima de los niveles preindustriales para el año 2100. Esto tendrá consecuencias catastróficas para miles de millones de personas y ecosistemas.
Mientras la crisis climática se agudiza rápidamente, durante el último año muchos gobiernos clave han apostado fuerte por los combustibles fósiles. Por ejemplo, está en peligro el intento de asegurar una legislación crítica en materia de sostenibilidad en la Unión Europea. Otros gobiernos, como el de Canadá, han suavizado sus normativas respecto a la extracción y el tratamiento de los combustibles fósiles. Estados Unidos está presionando a otros países para que ralenticen la acción por el clima y compren combustibles fósiles estadounidenses.
Los gobiernos deben mitigar la crisis climática con una eliminación gradual rápida de las emisiones de combustibles fósiles. Es algo que hay que hacer ya.
Brasil, en el punto de mira
La reunión de este año también será una oportunidad para poner de relieve los devastadores efectos del cambio climático y la extracción de combustibles fósiles en Brasil.
El gobierno brasileño está ampliando la extracción de combustibles fósiles en todo el país. El 20 de octubre, el Instituto Brasileño del Medioambiente (Ibama) concedió a la compañía petrolera estatal Petrobras licencia para realizar actividades de perforación en la desembocadura del Amazonas. Esto tendrá graves efectos negativos sobre el clima, así como sobre el medioambiente local. Supone una amenaza directa a las aguas, los suelos y el equilibrio ecológico de la zona. Además, la extracción de petróleo causará graves daños a los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales de la región, como los pueblos karipuna, palikur-arukwayene, galibi marworno y galibi kali’na, que no han sido consultados sobre el proyecto.
Mientras el país se prepara para acoger este año la reunión de la COP30 en Belém, los esfuerzos para acelerar la aprobación de las licencias de proyectos de extracción de combustibles fósiles en la desembocadura del Amazonas revelan una clara contradicción entre la actuación del gobierno brasileño en su país y su deseo de ser líder global en materia climática.
¿Cómo afecta el cambio climático a los derechos humanos?
Todo el mundo tiene derecho a vivir en un medioambiente limpio, saludable y sostenible. A medida que se intensifica la crisis climática, este derecho, al igual que otros, cada vez está más amenazado.
Por ejemplo, el cambio climático causa catástrofes, como sequías prolongadas, que dañan las cosechas y provocan la escasez de alimentos y su encarecimiento. Tras decenios en constante disminución, el hambre en el mundo ha vuelto a aumentar. Esta escasez incrementa la competencia por los recursos y puede provocar desplazamientos, migraciones y conflictos, que a su vez dan lugar a otras vulneraciones de los derechos humanos.
El calentamiento global afecta a todas las personas, no importa dónde vivan. Agrava la contaminación del aire, que a menudo es consecuencia de la quema de combustibles fósiles o incendios forestales. Insectos transmisores de enfermedades se extienden a nuevas zonas. El calor extremo provoca muertes entre las personas que trabajan al aire libre, y aumenta las tasas de mortalidad en residencias de mayores y centros médicos. Las inundaciones devastadoras debido a la mayor intensidad de las tormentas también tienen impacto sobre los derechos a la salud, la vida y la vivienda.
El daño que causa la extracción, el procesamiento y el transporte de los combustibles fósiles afecta desproporcionadamente a las llamadas “zonas de sacrificio”, donde a menudo personas y grupos marginalizados sufren los efectos dañinos de la contaminación. La ausencia de inversión significa que las infraestructuras públicas están mal preparadas para soportar fenómenos meteorológicos extremos.
La acción en materia climática funciona con el poder de la ciudadanía, y sin embargo los gobiernos y el sector de los combustibles fósiles a menudo se alían para criminalizar las protestas y permanecen impasibles mientras los defensores y defensores de los derechos humanos sufren intimidaciones y amenazas. Los ataques contra nuestros derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica dificultan enormemente que los y las activistas puedan exigir que sus gobiernos actúen para evitar los efectos adversos de la contaminación producida por los combustibles fósiles y el cambio climático.
¿Qué son las comunidades “en primera línea” y las comunidades “colindantes”?
Las comunidades “en primera línea” son las que se llevan la peor parte y las consecuencias indirectas e indirectas de la crisis climática. Viven en zonas que tienen más probabilidades de sufrir fenómenos meteorológicos de aparición rápida o lenta causados por el cambio climático. En muchos casos, se trata de comunidades ya marginalizadas que sufren formas entrecruzadas de discriminación cultural, económica, social y racial.
Las comunidades “colindantes” son las de personas que viven cerca de infraestructuras industriales, como por ejemplo sitios donde se extraen, procesan y queman combustibles fósiles. Estas personas, que con frecuencia ya están marginalizadas y racializadas, sufren directamente los impactos adversos de la contaminación y la degradación ambiental causadas por industrias extractivas y viven en zonas “sacrificadas” a los impactos de la contaminación. Se trata de una forma de racismo ambiental, que sacrifica los derechos humanos y el bienestar de las personas para obtener beneficios económicos.
Pakistán, en el punto de mira
La contribución de Pakistán a las emisiones globales no llega al 1%, pero su población —especialmente los niños y niñas muy pequeños y las personas adultas mayores— están sufriendo algunos de los daños más graves causados por el cambio climático. Es uno de los países más vulnerables a las catástrofes climáticas.
En 2022, Pakistán sufrió olas de calor históricas, en las que gran parte del país alcanzó los 50°C. Estas temperaturas por encima de la media favorecieron precipitaciones más fuertes durante la temporada de monzones, y algunas zonas del país superaron el 700% de su media mensual de precipitaciones. El río Indo, que recorre todo el país, se desbordó e inundó comunidades enteras. En 2024, la población de Pakistán volvió a sufrir esa misma combinación de calor y lluvias extremos.
Tales fenómenos demuestran la gran vulnerabilidad climática que afronta Pakistán así como la importancia de que las comunidades y las poblaciones más expuestas al riesgo estén preparadas. Otros países, especialmente países de ingresos elevados que han sido los mayores emisores de gases de efecto invernadero, no han hecho suficiente para ayudar a Pakistán a enfrentarse al cambio climático. Pakistán necesita alrededor de 16.000 millones de dólares estadounidenses para recuperarse de las pérdidas y daños causados por las inundaciones de 2022. Casi todo el dinero que el país ha recibido ha sido en forma de préstamos a un alto interés, cuando no es razonable esperar que Pakistán genere beneficios sobre inversiones en adaptación tales como infraestructuras de salud, educación y transportes públicos resilientes al cambio climático. Y el de Pakistán no es un caso aislado. Su situación es característica de los países de bajos ingresos que son los que menos han contribuido al cambio climático y, sin embargo, los que más sufren su impacto.
¿A qué acuerdos se debe llegar en la COP de este año para limitar el calentamiento global y proteger los derechos humanos?
Si tienen la ambición suficiente, las Partes en la CMNUCC pueden hacer mucho para mejorar la justicia climática. Los gobiernos pueden y deben hacer más para detener el crecimiento del sector de los combustibles fósiles, lo cual es coherente con las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos y el objetivo de limitar el calentamiento global a menos de 1,5°C.
Los Estados y las Partes también deben presentar urgentemente sus propios planes nacionales sobre el clima, algo para lo que tenían de plazo hasta febrero de 2025, pero que a finales de octubre sólo habían hecho 61 países. Estos planes deben articularse en torno a la protección de los derechos humanos. Eso significa que deben incluir compromisos, objetivos y plazos concretos para:
- Abandonar gradualmente los combustibles fósiles. Comprometiéndose a llevar a cabo un plan completo, rápido, justo y fundamentado para dejar del producir y usar combustibles fósiles como el carbón, el gas y el petróleo.
- Proteger el espacio de la sociedad civil. Amplificando la voz de activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y defensores y defensoras de la tierra al presionar en favor de la acción climática, protegiéndolos de la intimidación, el hostigamiento y la criminalización que sufren con tanta frecuencia.
- Incrementar considerablemente una financiación climática por parte de países contaminadores de altos ingresos que no genere deuda. Permitiendo que los países de bajos ingresos abandonen gradualmente los combustibles fósiles y protejan a sus poblaciones de los daños inevitables que el cambio climático ya está causando.
Abandono gradual de los combustibles fósiles
Para proteger los derechos humanos y nuestro futuro, necesitamos llevar a cabo un abandono gradual completo, rápido, justo y fundamentado del carbón, el petróleo y el gas. Esto sólo sucederá si acabamos con las subvenciones de miles de millones de dólares a estos combustibles, que mantienen en pie este sector letal. Sólo entonces podremos reducir los peores impactos del cambio climático y garantizar la protección de los derechos de todas las personas.
Sabemos que el ser humano es la principal fuente de gases de efecto invernadero con la quema de combustibles fósiles que se concentran en nuestra atmósfera. Estos gases atrapan el calor del sol y provocan un incremento a largo plazo en la temperatura media del planeta, causando cambios en los patrones meteorológicos, así como un aumento del nivel del mar que provocará la desaparición de los pequeños Estados insulares y de gran parte de las tierras costeras bajas.
Hay muchas alternativas a los combustibles fósiles, como la energía eólica y la solar, que nos permitirán reducir nuestra dependencia de estos combustibles. Esta transición energética debe estar guiada por la necesidad de defender los derechos humanos, con materiales e infraestructuras producidos y construidos de forma que éstos se respeten.
Protección del espacio de la sociedad civil
Organizaciones de la sociedad civil, niños y niñas, jóvenes, personas mayores, mujeres, personas con discapacidades y pueblos indígenas tienen un papel importante que desempeñar a la hora de impulsar la consecución de resultados ambiciosos en la COP. Sin embargo, aún hay dificultades para el acceso y la inclusión en las negociaciones de la CMNUCC. Esto es algo especialmente preocupante en el contexto de la reducción del espacio de la sociedad civil en países de todo el mundo; la COP debe ser un lugar donde las comunidades afectadas puedan expresarse y ser escuchadas.
Globalmente, hay una represión creciente de activistas contra el cambio climático, defensores y defensoras de la tierra y los derechos ambientales, periodistas y otras voces que critican la inacción de los gobiernos en materia climática. Muchos defensores y defensoras sufren abusos contra los derechos humanos, como intimidación, represión de sus derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, desaparición forzada, criminalización y campañas de difamación, así como arresto y detención arbitraria, entre otros.
En los últimos años se ha reprimido de una forma preocupante el activismo climático en torno a las COP, incluida la intensificación de la represión de la sociedad civil en Azerbaiyán en 2024 y los temores de vigilancia digital ilícita de las personas que participaban en la COP de Dubai en 2023.
Para combatirlo, es preciso se produzca un reconocimiento público de la importante labor de los defensores y defensoras de los derechos ambientales. También deben hacerse esfuerzos para que no se tomen represalias contra nadie que participe en la conferencia.
Financiación climática equitativa
El año pasado, en la COP29, Estados y Partes acordaron un nuevo objetivo anual de financiación climática de 300 mil millones de dólares hasta 2035, dirigido a ayudar a los países de bajos ingresos a responder y adaptarse a los efectos del cambio climático. Esto supone menos de una cuarta parte del mínimo exigido por muchos de estos países y activistas, y muchos gobiernos no han cumplido su compromiso. Además de los 300 mil millones de dólares, en la COP29 también se acordó “movilizar” 1,3 billones de dólares. Este objetivo incluye financiación privada, que puede generar deuda a sus receptores.
Los países de altos ingresos siguen eludiendo su obligación de proporcionar financiación climática, pero hay muchas formas en que podría conseguirse financiación adicional. Por ejemplo, gravando a las empresas del sector de los combustibles fósiles con impuestos basados en el principio de ‘quien contamina, paga’ podrían recaudarse 941 mil millones de dólares. Reorientando las subvenciones a los combustibles fósiles (el apoyo del contribuyente a las empresas del sector) se recaudarían 1,3 billones de dólares.
La COP30 necesita concluir con un plan y un calendario claros para cumplir los objetivos del año pasado y ampliar la financiación basada en subvenciones. Asimismo, es necesario que países de altos ingresos contribuyan mucho más al Fondo de Respuesta a las Pérdidas y los Daños, que sigue estando lamentablemente infrafinanciado.
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