Desde hace tiempo, la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes hace estragos en Paraguay. En el caso de las niñas, esto muchas veces termina en embarazos forzados y una niñez y un proyecto de vida truncados. Esta dramática situación es el resultado de acciones directas por parte de perpetradores, pero también de omisiones del Estado, que no tiene las políticas públicas adecuadas o no cumple con leyes existentes para evitar que los abusos ocurran y remediarlos cuando tienen lugar.
Esta investigación de Amnistía Internacional, llevada a cabo entre 2019 y 2021, concluye que las más altas autoridades de Paraguay no están escuchando a los y las profesionales que trabajan dando respuesta a la violencia sexual contra niñas. Este accionar está poniendo a personas que viven en situaciones de
vulnerabilidad en peligro y en un laberinto de violaciones a los derechos humanos que, para muchas sobrevivientes, parece no tener salida.
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