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INFORME: “Salvar Vidas No Es Un Delito”

Amnistía Internacional ha detectado que desde 2018 que el gobierno estadounidense ha emprendido de manera ilegal y por motivos políticos una campaña de intimidación, amenazas, hostigamiento e investigaciones penales contra personas que defienden los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en la frontera mexicano-estadounidense.

En el curso del año pasado estalló en dicha frontera una crisis de derechos humanos como consecuencia de las políticas ilegales de asilo de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses han rechazado a miles de solicitantes de asilo en la frontera y están devolviendo a México a miles más, incluso después de haber solicitado protección, lo que supone negarles el debido proceso en su solicitud de asilo. Sin embargo, ni el gobierno de Estados Unidos ni el de México han proporcionado albergue, alimentos, servicios ni asistencia legal adecuados a esas personas, que se encuentran ahora abandonadas a su suerte en la violenta y peligrosa región fronteriza del norte de México. Como consecuencia de ello, han sido personas voluntarias de organizaciones no gubernamentales (ONG) y comunidades religiosas de ambos países las que han tenido que ocuparse de subsanar esas carencias y proteger los derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo desatendidas por las autoridades, al mismo tiempo que tienen que protegerse a sí mismas de los abusos de los gobiernos.

Entre los defensores y defensoras de los derechos humanos sometidos a hostigamiento por las autoridades estadounidenses –y que han contado sus experiencias en entrevistas con Amnistía Internacional– figuran activistas, profesionales del derecho, periodistas y personal humanitario voluntario, incluida una clériga. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos se han aprovechado del sistema de justicia penal para, haciendo uso indebido de él, disuadir y sancionar a quienes combaten o, simplemente, documentan las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas por las autoridades estadounidenses contra migrantes y solicitantes de asilo.

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